Francisco Lopez Giorcelli
El conflicto universitario acaba de sufrir un giro copernicano en los tribunales federales en un duro golpe jurídico y constitucional a Javier Milei. Cuando el Gobierno nacional intentaba ganar tiempo apelando a la Corte Suprema para frenar sanciones económicas, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 pateó el tablero: dictó sentencia sobre la cuestión de fondo, declaró inconstitucional la maniobra del Ejecutivo para retener partidas y ordenó ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario.
La noticia explotó ayer martes por la tarde y fue rápidamente capitalizada por las autoridades académicas. El propio rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, fue uno de los primeros en visibilizar la victoria legal a través de sus redes sociales, exhibiendo la parte resolutiva de la sentencia firmada por el juez Martín Cormick.
El fallo es lapidario para la estrategia de la Casa Rosada. En su primer artículo, el magistrado resolvió "hacer lugar a la acción de amparo colectiva interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional". El punto medular de la sentencia radica en la declaración de inconstitucionalidad del decreto 759/2025 (específicamente en lo relativo a la mención del artículo 5 de la Ley 24.629), herramienta legal que el Ejecutivo utilizaba para justificar la retención de los fondos. En consecuencia, el juez ordenó al Poder Ejecutivo el "cumplimiento inmediato" de la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo además el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin.
Con la sentencia en la mano, Boretto endureció su perfil público, abandonando apenas su tono moderado que en algún momento le reclamó la oposición interna. "La Justicia les dio la razón a las universidades en la cuestión de fondo. La ley está vigente. Exigimos al Gobierno que deje de dilatar su cumplimiento y garantice los recursos que les corresponden a las universidades públicas", disparó el titular de la Casa de Trejo.
Lobby en el Congreso y el factor UPC
El fallo judicial coronó una jornada que ya venía cargada de densidad política para el sistema universitario local. Horas antes de conocerse la sentencia de Cormick, la estrategia se había desplegado en el plano legislativo: las autoridades de las universidades públicas con sede en Córdoba sentaron en una misma mesa a los diputados nacionales por la provincia para exigirles garantías de cara a la votación del Presupuesto 2027.
El objetivo del cónclave fue blindar los votos necesarios para rechazar el desfinanciamiento y sostener la operatividad de las instituciones, la investigación y los hospitales universitarios. El peronismo cordobés dio el presente enviando a sus espadas legislativas más leales al Centro Cívico: Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, quienes compartieron espacio con Carolina Basualdo y la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez.
La foto institucional de esa cumbre dejó, además, una consolidación ineludible en el mapa de poder local: la presencia de Julia Oliva Cúneo. La rectora de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) ya participa de la mesa chica de negociaciones como una par, integrando de lleno a la institución provincial en la disputa por la matriz educativa y científica a nivel nacional. Estas acciones parecen posicionar cada vez más a la Rectora dentro de un esquema de discusiones y poder que engrosa la política cordobesista.
Con una huelga docente en marcha, un lobby legislativo abroquelado en Córdoba y un fallo judicial de fondo que declara inconstitucional la asfixia financiera, el Gobierno nacional llega acorralado al mes de octubre. La resistencia universitaria cuenta ahora con el peso de la ley a su favor de cara a la quinta Marcha Federal del próximo 15 de octubre.
