Con una estructura vitalicia, Llaryora camufla crisis penitenciaria

Por Yanina Soria 

De no mediar ningún imprevisto, el oficialismo cordobés sancionará hoy en la Legislatura el proyecto que crea la Procuración Penitenciaria de Córdoba en el ámbito del Poder Judicial, un organismo que busca tutelar los derechos de los presos, para el que se crearán siete nuevos cargos. Todos inamovibles y con sueldos equiparados al de vocal del Tribunal Superior de Justicia. La oposición ya habla de escándalo y anticipa hoy una sesión de alto voltaje político. 

La previa se vivió ayer tras el dictamen de Comisión que le permitirá a Hacemos Unidos llevar la iniciativa impulsada por la legisladora oficialista y vicepresidenta del cuerpo, Nadia Fernández, al recinto. Al votarse con mayoría simple, el peronismo ya tiene el número necesario para hacerlo por lo que no repara ante las críticas que manifiesta duramente la oposición. 

Hacemos Unidos avanzará hoy con su primer objetivo ya que el segundo es validar en los próximos días los pliegos que enviará el Ejecutivo con los siete nombres propuestos por el gobernador para ocupar la silla de Procurador General, cuatro adjuntos y dos secretarios técnicos. El proyecto consigna requisitos muy sencillos para ser candidato, son cuatro: 1- ser ciudadano argentino, con ciudadanía en ejercicio; 2- tener no menos de treinta años de edad; 3- poseer título de abogado; 4- acreditar doce años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, o de desempeño en instituciones públicas vinculadas a la protección de derechos humanos, políticas penitenciarias o ámbitos afines. 

Ayer, desde la oposición hablaban de trascendidos y mencionaron en ese plano al actual concejal oficialista y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, Ricardo Moreno, como uno de los posibles candidatos a Procurador; rumor que fue desarticulado por el oficialismo. 

El artículo cinco de la iniciativa que busca generar una nueva instancia de control sobre el servicio penitenciario que atraviesa una profunda crisis institucional, se refiere a la duración y remoción: “La Procuración Penitenciaria General, las Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y las Secretarías Técnicas gozan de la garantía de inamovilidad en sus cargos, pudiendo ser removidas del mismo modo y por las mismas causales previstas para los jueces. Asimismo, les son aplicables las mismas inmunidades e incompatibilidades establecidas para estos”. Justamente ese es uno de los puntos que mayores críticas despertó desde la oposición que le achaca al gobernador Martín Llaryora seguir agrandando las estructuras públicas y dotando en este caso, a los nuevos funcionarios de “privilegios” en un contexto de ajuste a otros sectores como los jubilados y trabajadores.

Pero también hubo objeciones en torno al perfil de organismo que se propone crear; pues la radical Brenda Austin señaló que la sugerencia de las convenciones internacionales es la conformación de un Comité de prevención de la tortura con participación de la sociedad civil, entre otras características que distan de lo impulsado por el cordobesismo. Para la parlamentaria, la propuesta del oficialismo “es una burla para los cordobeses” e insistió con que la provincia necesita crear su propio mecanismo local de prevención de la tortura. 

La autora de la iniciativa, en cambio, la legisladora Fernández defendió la propuesta asegurando que justamente la inamovilidad que prevé la norma, dota de legitimidad procesal e independencia a los funcionarios para poder cumplir con su función que será la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad en jurisdicción provincial. Según los datos del oficialismo, actualmente en el sistema carcelario de Córdoba hay 17 mil personas alojadas en los distintos establecimientos. 

“Este proyecto es reflejo de la preocupación que nos sigue generando el sistema penitenciario. Garantizará que se eviten abusos e improvisaciones, y será autónomo, aunque tutelado por el Poder Judicial. Este proyecto viene a fortalecer la arquitectura en materia de seguridad y gestión penitenciaria en la provincia”, agregó. 

Entre los fundamentos, se reconoce que Córdoba carece de un órgano equivalente, lo que genera un déficit de control no jurisdiccional que el proyecto impulsado viene a subsanar.

“La Provincia cuenta con un sistema penitenciario complejo, con establecimientos de diversas características y con crecientes demandas sobre condiciones de detención, atención médica, salud mental, infraestructura, alimentación, hacinamiento y acceso a derechos básicos”, se señala. 

Prácticamente el arco opositor completo votará en contra hoy de esta iniciativa que, aunque verá la luz verde al final del día, la discusión en el recinto agudizará las tensiones entre Hacemos y el resto de las bancadas.