Caja: Llaryora quiere una garantía (de los gremios) para negociar con Milei

Por Felipe Osman

Movilización, reunión, Mesa de Trabajo. En no mucho más que esa secuencia se resume lo que sucede en la superficie por el conflicto endémico de la Caja de Jubilaciones. 

Llaryora incluyó en el Presupuesto el artículo 63, que lo faculta a ampliar hasta en 4 puntos los aportes que los estatales realizan para sostener el sistema previsional de Córdoba. Los gremios, alertados por esta situación, movilizaron -con distinta intensidad- hacia la Legislatura, para manifestar su descontento en el mismo momento en que tenía lugar la Audiencia Pública a que obliga la Constitución Provincial previo a sancionar el Presupuesto en segunda lectura. Y allí los recibió Facundo Torres, presidente Provisorio de la Cámara, que, junto al secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y al presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, los invitó a una reunión en la que se describieron las complejidades que rodean al déficit del sistema previsional de Córdoba.

El saldo del encuentro fue calificado como “positivo” por la Provincia, y tuvo buena recepción de los gremios, que reprocharon a Torres haberse enterado del tema por el revuelo que generó la oposición y no por un llamado directo del Panal. Ese descontento se saldó con la conformación de una Mesa de Trabajo permanente, en la que mes a mes los gremios podrán seguir la evolución de la situación financiera de la Caja.

Ahora bien, ¿qué es lo que subyace? En una reunión previa al anuncio de la movilización, integrantes de la mesa chica del gobernador le habían sugerido subir la presión con el Gobierno Nacional por el financiamiento de la Caja. Es que en abril la nación girará la última de las 12 cuotas de 5.000 millones de pesos pactada en el marco de una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema para cubrir (apenas) una quinta parte del déficit mensual que la Casa Rosada debería aportar para sanear el sistema previsional cordobés, y no hay un escenario claro respecto de lo que sucederá si el Gobierno Nacional rehúsa dar continuidad a ese plan de pagos. Llaryora lo planteó a Manuel Adorni y a Diego Santilli semanas atrás, pero no tuvo ninguna respuesta concreta.

El razonamiento del Centro Cívico es, entonces, que tiene que prepararse para un escenario en el que los giros nacionales por la Caja se suspendan. Que, si quiere tener margen para presionar, necesita espaldas para no quedar bajo la Espalda de Damócles que el déficit previsional representa en el marco de una negociación con los libertarios. 

Actualizar la autorización -nunca operativizada, remarcan desde la Provincia- de aumentar los aportes de los empleados activos, ampliándola de 2 a 4 puntos, es justamente la garantía que quiere Llaryora.  

Todo esto, huelga decir, se mixtura con las negociaciones que se dan en el plano nacional, donde La Libertad Avanza impulsa la sanción del Presupuesto y de las reformas “de segundo grado”: laboral, penal, tributaria, y, -en algún momento- también previsional.

Esa es la discusión hacia adentro. Hacia afuera, hay otra. Torres publicó, días atrás, un tuit representativo de ese segundo apartado de la controversia, en el que además de repasar los números gruesos del déficit de la Caja -un déficit proyectado de 750.000 millones de pesos para el próximo año-; aprovechó para plantear algunos interrogantes incómodos para los sindicatos: 

“¿Quién pone la plata que falta para que los 120.000 jubilados provinciales cobren sus haberes? ¿Los empleados públicos activos? ¿Los cordobeses con sus impuestos? ¿Devolvemos la Caja a los gremios, como proponen algunos, para que cada uno se arregle y junte la plata para pagar sus jubilaciones? ¿La pasamos al ANSES, como plantean otros sectores? ¿Ponemos un tope de 2,5 millones de pesos a las jubilaciones más altas y elevamos la jubilación de maestros, policías y personal de salud, como sugiere la izquierda? Hasta aquí, los cordobeses vienen haciendo un gran esfuerzo para sostener el pago de jubilaciones que en algunos casos superan los 6 millones de pesos, con un haber promedio de $1.700.000, uno de los más altos del país”, apuntó el flamante presidente de Bloque de Hacemos Unidos. 

Después, ilustro con un ejemplo finamente seleccionado: “Sostener a los 6.300 jubilados del SUOEM (Municipalidad de Córdoba), con un promedio de 3 millones de pesos, implica cubrir un déficit anual de 55 mil millones de pesos. Es decir, los cordobeses ponen 55 mil millones de pesos para 6.300 jubilados del SUOEM. Es un debate necesario, que debemos encarar con seriedad y con altos niveles de consenso social, para encontrar soluciones que terminen de una vez por todas con este gran problema que afecta a todos los cordobeses. Y esta puede ser la oportunidad para iniciarlo”, completó.

Es difícil que esto último suceda. Sanear definitivamente el sistema previsional de Córdoba implica soportar un costo político de grandes dimensiones, y nadie parece estar en condiciones de ofrecer semejante hándicap a sus opositores. La Caja se ha convertido en el nudo gordiano que nadie se atreve a cortar, y que a lo largo de más de 30 años (casi) todos han contribuido a enmarañar.