Yanina Soria
Por Yanina Soria
Los cambios en el ministerio de Seguridad anticipados por Alfil en la edición de ayer, no serán los únicos que aplicará a nivel de segundas líneas el gobernador Martín Llaryora.
Aunque todavía con reserva de nombres, pero con la certeza de que habrá nuevos enroques de funcionarios que dejarán el Palacio 6 de Julio para integrar el gabinete provincial, el mandatario reacomoda su equipo para encarar el último tramo de su gestión. El más importante, el que -según coinciden los encuestadores- recuerda el electorado a la hora de votar, ese último periodo que puede marcar a fuego una administración.
Por eso, el ´26 será un tiempo de máxima gestión para el cordobesismo que tiene como objetivo político supremo la reelección de su conductor.
Como ya quedó demostrado con la creación del nuevo ministerio que comanda Miguel Siciliano, el oficialismo provincial tendrá fuerte presencia en la Capital con puesta en marcha de varias obras y programas que, confían, harán que la gestión de Daniel Passerini sea valorada llegado el momento.
Mientras hacia afuera el mandatario demostró que escuchó lo que las urnas gritaron el pasado 26 de octubre, hacia adentro ajusta políticamente la gestión.
Tal como se escribió desde estas páginas, una de las áreas donde ya están confirmados los cambios que se implementarán desde enero, es el ministerio de Seguridad que comanda Juan Pablo Quinteros.
Allí desembarcará al frente de la secretaría de Seguridad, el actual administrador general de la Justicia de Faltas, Juan Manuel Aráoz, quien, después de 6 años en ese cargo, dejará la Municipalidad para ser parte de la plantilla provincial.
El que sale es Ángel “Lito” Bevilacqua quien pasará a integrar el nuevo ministerio creado para Miguel Siciliano, Vinculación y Gestión Institucional. El ex intendente de Noetinger aprovechó el llamado del gobernador quien le encomendó un rol más político, para cerrar un ciclo en la cartera de Seguridad donde mantuvo algunas fricciones con Quinteros. Tiempo cumplido allí para él. En cambio, el otro secretario, el llaryorista José César Gualdoni, de Prevención y Coordinación Institucional, seguirá al frente de esa área.
Con esta movida de piezas que se extenderá luego a otras áreas, el gobernador busca fortalecer la gestión diaria de un polo sensible como es el de la seguridad; de allí la incorporación de Aráoz, un técnico con experiencia, pero también un hombre de reconocidas habilidades políticas.
En el Panal valoran los dos primeros años de Quinteros y apuestan a seguir consolidándolo en el cargo. Incluso cuando se sabe que se trata de un puesto fusible del que, frente a cualquier imprevisto, el ministro podría salir eyectado en cuestión de horas.
Sin embargo, desde el oficialismo reconocen que el exponente del Partido Cordobés mide bien y que su gestión en materia de seguridad, es valorada por los cordobeses. Todo un dato.
Desde un despacho cercano al del gobernador destacaron -por ejemplo- la baja en la tasa de homicidios y también en la cantidad de delitos contra la propiedad; además, aseguran que programas como Cordobeses en Alerta suman cada vez más adhesiones. Creen que si en el ´26 se puede ordenar definitivamente el tema de los naranjitas, la seguridad en sí dejará de ser un ancla político para ser un valor que podría exhibir el Gobierno de Córdoba.
Desde el Centro Cívico sostienen que, en los sondeos, los cordobeses ya no ponen la inseguridad al tope de sus principales preocupaciones, sino que ese lugar lo viene ocupando la situación económica.
De allí que los cambios en ese ministerio van mucho más allá de un simple reacomodamiento de nombres, Llaryora apuesta fuerte a convertir la seguridad en un activo de su gestión para el ´27.
Naranjitas
El tema de los cuidacoches que tomó relevancia en los últimos días a propósito del espectáculo de Shakira en el estadio Mario Alberto Kempes, atraviesa tanto a la gestión municipal como a la provincial. Instalado en la agenda pública, desde el Palacio 6 de Julio aseguran que las acciones conjuntas con la cartera de Seguridad son importantes y que no existen diferencias ni en la estrategia y tampoco en el trabajo del territorio.
El objetivo es terminar con las extorsiones en la vía pública y la actividad en zonas donde no corresponde el cobro obligatorio por aparcar el vehículo. Para ello, mientras el municipio aplica un abordaje integral, hay proyectos de Ley que buscan modificar desde la Legislatura el Código de Convivencia para borrar la zona gris que plantea el hecho de que no esté penado el cobro voluntario.
