Cruzada antinaranjita desafina relaciones Panal- Municipio

Por Yanina Soria 

El cobro ilegal por el estacionamiento en las calles de la ciudad de Córdoba, es un problema cíclico para los capitalinos. La queja sostenida de los automovilistas que se sienten rehenes de quienes en determinadas zonas de la ciudad exigen de manera prepotente el pago por aparcar en la vía pública, es un loop interminable. Con mayor o menor energía, las distintas administraciones municipales abordaron (o eso decían) la temática sin llegar nunca a una solución definitiva que verdaderamente ordene el sistema. 

Una realidad que, por cierto, desafía a las autoridades a discernir aquellos delincuentes disfrazados de naranjitas que imponen cobros a fuerza de amenaza y amedrentamiento, de la cantidad de familias cordobesas que subsisten del sistema. En un contexto general de creciente descomposición social que interpela cada vez más a quienes tienen responsabilidad de gestión, apuntarle a todos los cuidacoches por igual, suena a solución fácil y efectista. 

Cierto es que el intendente Daniel Passerini entusiasmó a quienes vienen demandando ponerle fin a la actividad ilegal cuando en marzo de este año, de momento a otro, sorprendió con un operativo integral que terminó con esa práctica en la zona del Parque Sarmiento. 

En aquel momento la Municipalidad se jactó de lograr esa primera zona “libre de naranjitas” y prometió extender la medida hacia otros puntos neurálgicos de la ciudad donde se multiplican las denuncias. Centro, Güemes, Alberdi y Nueva Córdoba figuran al tope de las quejas de los vecinos. 

Sin embargo, eso no sólo no sucedió al menos hasta acá, sino que la hiperactiviad que exhibe la Provincia al respecto con más de 350 “naranjitas” detenidos desde enero a esta parte según la información oficial, no muestra un correlato en las acciones municipales. 

Es como si el Gobierno y la Municipalidad vibrarán en frecuencia distintas sobre el abordaje de la problemática, por lo que en momentos donde las tensiones subterráneas entre el Palacio 6 de Julio y el Panal están a la orden del día, el asunto mete ruido entre ambas administraciones. 

Al menos del lado del Panal. Desde allí delimitan responsabilidades y aclaran que la facultad de decidir qué hacer con el sistema y cómo ordenarlo, es solamente del municipio. La Policía de Córdoba interviene frente a las denuncias, agregan, pero hasta que el gobierno de la ciudad no decida qué hacer con el tema, el problema persistirá. 

Desde el día uno, el titular de la cartera de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, mostró sintonía fina con la ahora ex ministra nacional, Patricia Bullrich, y con su línea de “mano dura”. Sobre el tema “naranjitas” en particular, el ministro dijo que “el orden público no se negocia” y se mostró decidido a actuar frente a las extorsiones y agresiones que muchos vecinos denuncian recibir de los cuidacoches cuando se niegan a pagar. 

El tema volvió a tener fuerte presencia en la agenda pública de la Capital estos últimos días a raíz de los shows que Shakira dará en Córdoba, uno anoche y otro hoy. La previa a su presentación en el estado Mario Alberto Kempes, se recalentó cuando desde una de las cooperativas advirtieron que se presentarían igual en la zona a trabajar pese a que el intendente Daniel Passerini había aclarado que ninguna organización estaba autorizada para cobrar en las inmediaciones al lugar. Lo único habilitado oficialmente son las dos playas del estadio que maneja la organización del evento, y que está obviamente tarifado.

“La ley en Córdoba es clara, nadie puede exigir dinero por estacionar en la vía pública o con la excusa de cuidar un vehículo. El pago, si existe, es voluntario; cuando hay presión o amenaza, hay una conducta ilegal. No es una discusión ideológica o política, es lo que dice la ley. En el recital de Shakira, en el Estadio Kempes no hay nadie autorizado a cobrar fuera del estacionamiento oficial. Si alguien te exige plata, llamá al 911. Debe quedar claro algo muy importante: la intervención policial no te va a hacer perder el show. A quien se retira del lugar y se detiene es a quién infringe la ley. A la persona damnificada se le toman los datos y sigue a disfrutar del evento. Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba trabajamos para cuidar a la gente y garantizar la convivencia”, escribió Quinteros en la red social X.

Ayer, en el primer día de show, la Policía de Córdoba desplegó un mega operativo para controlar la seguridad en general de los asistentes, pero también para garantizar que no hubiera un solo naranjita. 

El Código de Convivencia de Córdoba en su artículo 60 referido al "Cuidado de vehículos sin autorización legal", deja una zona gris al sancionar a quienes exigen dinero por cuidar autos en la vía pública sin habilitación, pero no aplica para el pago voluntario. Y si bien, hay proyectos que proponen modificarlo buscando directamente prohibir la actividad, la vigencia de ese artículo obliga a la Policía a actuar solo cuando hay denuncia. 

Por eso, el ministerio de Seguridad a través del servicio de mensajería del Gobierno, disparó entre sábado y domingo textos avisándole a los cordobeses que, si iban al show y eran víctimas de extorsión de naranjitas ilegales, llamaran al 911, ya que de esa manera la policía podría intervenir y llevarse directamente detenidas a esas personas. 

Para el gobierno de Martín Llaryora que apuesta fuerte a la economía naranja y que pretende colocar a Córdoba en lo alto de esa movida, cualquier inconveniente que pueda opacar la “buena noticia” de lo que generó el show de la colombiana, empaña los planes. Y la seguridad, específicamente, es un tema que no puede fallar. De allí, el despliegue de lo que se vio ayer en la zona del Kempes desde mucho antes de las 21.