Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
El juecismo salió a desmentir los números del déficit previsional con que la Provincia justificó el nuevo ajuste de la Caja de Jubilaciones que se aprobaba al cierre de esta nota en la Legislatura. Luis Juez, el líder del Frente Cívico, dio la orden de votar en contra todo el paquete oficialista en la Unicameral, salvo el pliego del Fiscal General Carlos Lezcano. Y sin mencionar que la administración de Javier Milei, con quien el senador está encolumnado, tiene pisados los envíos de la Anses a la Caja cordobesa para no poner en riesgo el superávit fiscal, desde el Tribunal de Cuentas que el juecismo maneja aseguraron que el verdadero rojo de la Caja “no es el que informa el Gobierno” de Martin Llaryora.
“Desde el Gobierno provincial sostienen que la deuda de la Caja de Jubilaciones asciende a $690 mil millones”, señaló un comunicado firmado por Beltrán Corvalán, el titular del cuerpo manejado por la oposición desde las elecciones del 2023, que asegura que la “deuda efectiva” es de 246,566,411,401 al 30 de septiembre pasado. Según el Tribunal de Cuentas, la diferencia de casi 450 mil millones surge de intereses que la propia Provincia le cobra a la Caja por aportes que realiza el Estado provincial y por lo tanto no se puede contar como déficit estructural porque se trata de una decisión administrativa del Panal. “Engrosa artificialmente la deuda” para “construir el relato de que la Caja está quebrada” y “perjudicar a los jubilados”, fue la postura, fuera del recinto, del Tribunal de Cuentas donde la mayoría opositora se completa con la abogada Fernanda Leiva, de extrema confianza de Juez.
En público, el senador va a decir que Llaryora, a 27 años de gestión provincial del mismo oficialismo peronista, no puede decir que no tiene ninguna responsabilidad en la situación de la Caja. “El peronismo modificó en tres oportunidades el sistema previsional de Córdoba, siempre en perjuicio de nuestros jubilados a lo largo de un cuarto de siglo, y Milei no era Presidente” se le escuchó decir a Juez, que no aclaró cuál será su postura respecto al financiamiento nacional de la Caja cuando el Presupuesto nacional llegue al Senado. No será el único brete del senador: tendrá que definir también si vota la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Educativo, que él mismo acompañó y que ahora los libertarios quieren dar de baja vía ley presupuestaria.
En privado, el espacio observa que la crisis del llaryorismo con los gremios estatales y todo el capítulo de la Caja es parte del síntoma del “fin de ciclo” del PJ en el poder cordobés. O eso imaginan. Llaryora se embarra solo, deslizan. Si hubo una consulta del Panal al Tribunal Superior de Justicia sobre la viabilidad de los topes jubilatorios, llegó a oídos juecistas. Las versiones dicen que la Justicia le hizo mala cara a los llaryoristas frente a la posibilidad de establecer jubilaciones máximas en Córdoba, y recuerdan el Decreto 1777 del fallecido gobernador Ramón Mestre que terminó estrellado en la Corte Suprema de Justicia.
