Jubilados y gremios salen al cruce del Panal tras la liquidación de los haberes

Mientras el presidente de la Caja de Jubilaciones insiste en que con la Ley de Equidad Jubilatoria “nadie cobra menos”, los impulsores de la iniciativa popular muestran su disconformidad y prometen luchar en el 2026 contra los recientes cambios impuestos en el sistema previsional.

Provincial31 de diciembre de 2025 Gabriela Yalangozian
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Por Gabriela Yalangozian

Si los impulsores de la iniciativa popular por el 82% móvil en la Legislatura de Córdoba esperaban ver mejoras en sus jubilaciones, este martes dieron en la cuenta que el impacto por la llamada Ley de Equidad Jubilatoria no cumplió con el objetivo que se habían propuesto. 

Es que, en muchos casos, aquellos que acompañaron con su firma el proyecto, vieron que sus haberes se mantuvieran con los mismos montos que los meses anteriores o bajaron en mayor o menor medida, según el caso.

Ya habían advertido su enojo cuando, bajo el rótulo de “iniciativa popular”, el Oficialismo logró aprobar en la Unicameral un proyecto de emergencia previsional, estableciendo el incremento de los aportes a los activos y subiendo también el ítem correspondiente al Apross.

Por eso, cuando el presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Adrián Daniele, ratificó este martes la postura oficial y aseguró que nadie iba “a cobrar menos” con el nuevo esquema de cálculo, tanto gremios como los mismos jubilados le salieron al cruce. 

Daniele aseguró que, de los 116 mil beneficiarios, unos 52 mil recibirían aumentos de entre el 12% y el 22% por el pago de adicionales no remunerativos, con un promedio estimado de 150 mil pesos. Además, señaló que unos 10 mil jubilados dejarían de pagar el aporte solidario.

El propio gobernador Martín Llaryora envió una carta a aquellos jubilados que serían beneficiados con el cambio previsional. Sin embargo, la otra cara del anuncio fue que más de la mitad de los jubilados provinciales no obtuvieron ningún beneficio. En la práctica, para algunos sectores, el mensaje del Panal que buscaba dar tranquilidad contrastó con la sensación de pérdida de poder adquisitivo. 

“Nadie está conforme. No es lo que se esperaba. Y, es increíble, pero los que cobraron un poco de más no disfrutan sabiendo que a otros se lo sacaron. Hay un malestar progresivo, y nos piden sigamos luchando. Este gobierno uso el nombre de iniciativa popular para hacer esta ley, faltándome el respeto a 38.800 personas que firmaron para conseguir otros derechos”, afirmaron ayer.

Para ellos, no es casual que la Caja de Jubilaciones haya extendido el horario de atención este miércoles y el próximo viernes, reforzado líneas telefónicas y WhatsApp para contener reclamos y consultas.

El frente judicial y la denuncia de “ajuste encubierto”

Más allá de las movilizaciones que se dieron por parte de los gremios cordobeses, ayer con la planilla de haberes en la mano, la polémica también escaló con fuerza en el ámbito sindical. 

Desde el gremio de empleados judiciales (AGEPJ) afirmaron en un comunicado que el Gobierno adelantó descuentos previsionales previstos en la ley de emergencia, aplicándolos incluso sobre retroactivos salariales. Para el gremio, se trata de un mecanismo que “neutraliza” el impacto real del aumento salarial obtenido, y traslada el ajuste directamente a los salarios.

Según datos sindicales, unos 2.300 empleados pasaron a aportar un 6% y otros 2.250 un 8%, sumando entre dos y cuatro puntos adicionales de descuento. Aunque la Administración del Poder judicial reconoció errores de liquidación en alrededor de 900 recibos y prometió corregirlos con planillas suplementarias en enero, el malestar persiste. “El aumento se esfuma en el mismo recibo”, indicaron desde el gremio que preside Federico Corteletti..

“No es equidad, es injusticia”

La controversia llegó también al plano político. La diputada nacional (MC) Griselda Baldata publicó una dura columna en la que acusa al Gobierno de “perversión del lenguaje” al presentar la reforma como equitativa. Para la exlegisladora, se trata de una estrategia discursiva que busca enfrentar jubilados y ocultar un recorte real del sistema.

Baldata cuestionó que se penalice a quienes más aportaron durante su vida laboral —docentes con múltiples cargos, profesionales de la salud con extensas jornadas, empleados bancarios que ascendieron en el escalafón— y apuntó a que el desfinanciamiento de la Caja es consecuencia de decisiones políticas acumuladas durante décadas: retiros voluntarios, contrataciones sin aportes y un esquema estatal que, según afirma, despilfarra recursos en agencias, publicidad y estructuras sobredimensionadas.

Sin dudas, la reforma previsional se consolida como uno de los principales focos de conflicto con el que El Panal cierra el año 2025, y que varios gremios prometen que no se disipará en el inicio de 2026. 

Con la posibilidad cierta de que el Gobierno nacional no envíe fondos para el sistema previsional cordobés, la nueva ley que enarbola el Gobierno deberá atravesar tempestades y se topará con una promesa cierta: quienes impulsaron la iniciativa popular por el 82% móvil analizan interponer un recurso de amparo tras la feria judicial. Y ya advirtieron que en 2026 volverán a juntar firmas. Pero esta vez, para que se derogue la Ley de Equidad Jubilatoria.

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