Con los primeros recibos ya cargados y el cronograma de pagos en marcha, el conflicto se desplaza de la calle hacia las planillas de sueldos. Los insultos de Rubén Daniele a Martín Llaryora, en segundo plano frente al efecto concreto de la reforma previsional.
Provincial30 de diciembre de 2025 Gabriela Yalangozian
Por Gabriela Yalangozian
La aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria ingresó esta semana en su fase más sensible: la liquidación efectiva de salarios y haberes jubilatorios. Desde este martes, activos y pasivos del Estado provincial comenzarán a ver reflejados en sus recibos los nuevos descuentos previsto por la aplicación de la nueva normativa previsional.
La última protesta del año de los gremios estatales cordobeses dejó este lunes imágenes fuertes y discursos encendidos, pero el foco comenzó a desplazarse rápidamente desde la calle hacia las planillas de sueldos. Es allí donde el arco gremial provincial espera medir el impacto real de la reforma aprobada y reglamentada por el Ejecutivo, que declaró la emergencia previsional y modificó el esquema de aportes a la Caja de Jubilaciones.
En las últimas horas, desde el Panal difundieron como ejemplo algunas liquidaciones de salarios y haberes jubilatorios con un impacto positivo de la nueva Ley, a fin de contrarrestar el discurso alarmista que muchos sindicatos venían agitando en las calles.
Aun así, sectores que impulsaron la iniciativa popular por la restitución del 82% móvil -movida que dio lugar a la aprobación de la Ley de Equidad Jubilatoria- miran con cautela las consecuencias que esta normativa, y ya anticipan que en 2026 volverán a la carga con la junta de firmas, esta vez con el objetivo de derogar esa nueva normativa. Una señal de que, aun con la ley vigente, el debate previsional seguirá siendo un punto de tensión estructural en la política cordobesa.
Insultos a Llaryora
En ese marco, los fuertes insultos del titular del Suoem, Rubén Daniele, al gobernador Martín Llaryora durante la movilización funcionaron más como imán de la atención cuando el eje del conflicto estaba en el bolsillo de los empleados.
El dirigente municipal volvió a cuestionar la suba de aportes y acusó al mandatario de priorizar su proyección política hacia 2027. Lo hizo con duros epítetos, mientras el escenario de quietud que se abre en enero los obliga a recalibrar la estrategia sindical.
Anoche, el gobernador se refirió a los insultos y adelantó que no denunciará al sindicalista. “Recibo muchos mensajes de apoyo frente a los insultos y agravios de Rubén Daniele, que implicaron una clara incitación a la violencia. Algunos me sugieren denunciar. No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con IA y no lo voy a hacer ahora”, se despachó por la red social X. Dijo que está abocado a gobernar y volvió a defender la ley de equidad jubilatoria porque “mejorará los haberes de quienes menos ganan, incluidos muchos jubilados municipales de Capital e Interior”.
Desde el entorno del Suoem admiten que se analizan distintas acciones, algunas ya previstas y otras aún en reserva, pero sin definiciones inmediatas. Al menos por ahora, no hay nuevas medidas anunciadas para esta semana con una polémica condicionada por el calendario de fin de año.
Mientras tanto, el Gobierno provincial apuesta a que el paso del conflicto del terreno político al administrativo termine descomprimiendo la tensión. Con los descuentos ya cargados, en el Panal consideran que la reforma entró en una etapa de hechos consumados y que el impacto real se procesará más en silencio que en las calles. En especial, luego del rápido rechazo que le dio la Justicia provincial al primer amparo presentado contra la controvertida ley.
Sin mesa y sin diálogo
Las críticas más consistentes que se oyeron el lunes llegaron desde sectores que optaron por un tono menos estridente que el de Daniele. Y más técnico. El secretario general de la UEPC, Roberto Cristali, cuestionó la inexistencia de la prometida mesa de diálogo con los gremios estatales. También señaló que la aplicación de los nuevos aportes se adelantó respecto de lo anunciado oficialmente.
Según detalló, en los recibos ya figuran el incremento del 1% para Apross y los aportes que van del 2 al 8%, y advirtió que la experiencia del Fondo Complementario (FOCA) muestra que, si no se actualizan las bandas, el sistema empuja a que todos los trabajadores terminen aportando el máximo. Lo mismo podría ocurrir, sostuvo, con la compensación para jubilados que cobran menos de 1.300.000 pesos y con el esquema previsto en el artículo 58, que podría derivar en un aporte generalizado del 20%.
Pero el punto más sensible, remarcan desde la UEPC, es el impacto a futuro: los nuevos aportes influirán directamente en el cálculo del haber jubilatorio inicial, lo que podría derivar en jubilaciones más bajas y actualizaciones atadas a un piso menor.
En ese escenario, la construcción de reclamos administrativos, judiciales y paritarios, se muestra condicionada por el asueto de enero para los empleados estatales, la feria judicial en los tribunales y el receso de verano en el calendario escolar.
Del otro lado, el Ejecutivo confía en que la Ley de Equidad Jubilatoria ya atravesó su tramo más complejo y que el costo político se irá diluyendo antes de que el año electoral empiece a ordenar prioridades. Sin embargo, la tensión en torno a salarios y jubilaciones recién comienza a mostrar sus efectos concretos, y en el Panal confían que sean menos resonantes que los redobles en las movilizaciones sindicales.
La Caja de Jubilaciones sigue siendo el corazón del conflicto, pero la disputa de fondo es más amplia: cómo se distribuye el ajuste y quién absorbe el desgaste. Con márgenes de maniobra acotados, los gremios no descartan nuevas acciones. El Gobierno, en tanto, acelera para dejar atrás este capítulo del conflicto previsional, que durante el 2026 estará lejos de cerrarse
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