En un contexto de ajuste, conflicto presupuestario y de elecciones previstas para mayo, el oficialismo universitario enfrenta un dilema cada vez más visible: sostener la cautela institucional o asumir definiciones políticas que hoy son más sutiles y pasan, muchas veces, desapercibidas.
Universidad22 de enero de 2026
Francisco Lopez Giorcelli
Por Francisco Lopez Giorcelli
Mientras el conflicto por el financiamiento universitario escala y reordena el tablero interno, en el oficialismo universitario (Rectorado, Franja Morada y aliados) parecen elegir el bajo perfil, sobre todo en las últimas semanas donde se aprobó el presupuesto 2026. Una estrategia que busca evitar costos, pero que empieza a tenerlos.
La Universidad Nacional de Córdoba atraviesa el inicio de 2026 con un nivel de tensión política inusual para un período de clases que todavía no comenzó. Presupuesto ajustado, financiamiento en disputa, paritarias abiertas (o cerradas, pero sin resolver) y un calendario electoral que marca mayo como punto de definición configuran un escenario que obliga a tomar posición. Sin embargo, frente a ese cuadro, el oficialismo universitario parece haber optado por una estrategia conocida pero que cada vez encuentra más límites: gobernar sin hablar tanto.
El rectorado, encabezado por Jhon Boretto, respaldó institucionalmente la Ley de Financiamiento Universitario y realizó advertencias públicas antes de que el ajuste quedara consolidado en el presupuesto nacional. No obstante, tras la aprobación del presupuesto 2026 y la entrada en vigencia de la ley, no hubo nuevos pronunciamientos políticos. Ese silencio posterior no pasó inadvertido y empezó a leerse en los pasillos universitarios, tanto en ámbitos gremiales como estudiantiles, como una dificultad para fijar un rumbo claro frente al Gobierno nacional.
Ese mutismo institucional se potencia cuando se lo cruza con el rol de Franja Morada, principal sostén político de la gestión en el ámbito estudiantil. La agrupación radical, que conduce espacios centrales de la vida universitaria, también evitó fijar una posición explícita frente al ajuste desde sus propias estructuras. En lugar de asumir un posicionamiento directo, optó por diluir su voz en comunicados más amplios, una estrategia que parece buscar equilibrios pero que, sin embargo, deja un vacío político difícil de disimular.
La contradicción es evidente. Mientras sectores del radicalismo a nivel nacional acompañaron el ajuste impulsado por el Gobierno, en la UNC Franja Morada sostiene un discurso histórico de defensa de la universidad pública sin confrontar abiertamente con las consecuencias concretas de esas decisiones. Esa ambigüedad empieza a tensionar su rol como fuerza de gobierno: administrar la universidad también implica asumir costos políticos cuando el contexto se vuelve adverso, no todo puede tener el termómetro electoral como vara para definir la política.
El silencio comienza a tener efectos a medida que otros actores políticos se posicionan firmemente frente al conflicto. Facultades opositoras, gremios docentes y nodocentes y agrupaciones estudiantiles avanzaron con posicionamientos más nítidos frente al ajuste y el financiamiento. Sin constituir necesariamente un bloque homogéneo, estos sectores lograron instalar agenda y condicionar el debate público dentro de la universidad, en particular durante el último período del 2025.
En definitiva, el frente gremial aparece como un actor central en esta etapa. La falta de paritarias y la caída sostenida del salario convierten el conflicto presupuestario en un problema inmediato, con impacto directo sobre el inicio del ciclo lectivo. Cada advertencia gremial vuelve a dejar expuesta la ausencia de una conducción política visible que articule una respuesta institucional fuerte.
Con elecciones rectorales previstas para mayo de 2026, la estrategia de bajo perfil empieza a mostrar sus límites. En un año donde cada gesto se lee en clave de poder, la decisión de no hablar también comunica. Para el oficialismo universitario, el desafío no es solo sostener la gobernabilidad, sino evitar que la prudencia se transforme en desdibujamiento político frente a una oposición que, aún fragmentada, comienza a ocupar terreno.
La UNC entra así en una etapa donde el silencio deja de ser neutral. Gobernar sin decir puede haber sido una táctica eficaz en otros momentos, pero en un contexto de ajuste, conflicto y disputa electoral en marcha, empieza a tener costos concretos. La pregunta que sobrevuela este arranque de año no es solo quién conduce la universidad, sino quién está dispuesto a hacerse cargo políticamente del escenario que viene.
Presupuesto ajustado, financiamiento en disputa y silencios incómodos marcan el inicio del año universitario. Con elecciones rectorales en abril, oficialismo y oposición se miden en un escenario atravesado por conflictos abiertos.
Un fallo judicial obligó al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reactivó la disputa entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. La decisión marca el pulso de las negociaciones y vuelve a incomodar a una gestión que evita dar explicaciones.
El pronunciamiento conjunto de cinco facultades contra la detención de Nicolás Maduro y el intervencionismo internacional excede el hecho puntual y deja entrever movimientos políticos que empiezan a leerse en el tablero universitario.
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