Un fallo judicial obligó al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reactivó la disputa entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. La decisión marca el pulso de las negociaciones y vuelve a incomodar a una gestión que evita dar explicaciones.
Universidad14 de enero de 2026
Francisco Lopez Giorcelli
Por Francisco Lopez Giorcelli
Mientras las universidades celebran un respaldo judicial clave, el Gobierno sigue sin ofrecer respuestas políticas claras. En el medio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias permanece más activa en redes que en la mesa de negociación.
El fallo de la Justicia que ordena al Gobierno nacional implementar la Ley de Financiamiento Universitario volvió a poner en primer plano una disputa que atraviesa todo el sistema de educación superior. No se trata únicamente de una resolución técnica: la decisión judicial se inscribe en un conflicto político de fondo entre las universidades nacionales y un Ejecutivo que, desde el inicio de su gestión, eligió tensionar al máximo el vínculo con el sector.
La ley, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, establece un esquema de actualización de recursos, recomposición salarial para docentes y no docentes y un piso mínimo de inversión para las universidades. Sin embargo, su aplicación fue sistemáticamente postergada por el Gobierno bajo el argumento de la falta de recursos y la necesidad de sostener el ajuste fiscal. Ese razonamiento quedó ahora en jaque frente a una orden judicial concreta.
Desde el sistema universitario, el fallo fue leído como una victoria política más que jurídica. Rectores, gremios y federaciones estudiantiles vienen sosteniendo que el problema nunca fue normativo, sino de voluntad política. La Justicia, en este punto, vino a poner un límite institucional a una estrategia de dilación que ya llevaba meses.
En la Universidad Nacional de Córdoba, la resolución fue seguida con especial atención. La UNC participó activamente de las acciones impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional y por los gremios docentes, que ven en el fallo una herramienta para reabrir una discusión que el Gobierno había cerrado de facto. El mensaje es claro: si la ley está vigente, debe cumplirse, y si no se cumple, el conflicto escala.
Las declaraciones del presidente del CIN, Oscar Alpa, sintetizan ese clima. “Si la Justicia ratifica el fallo, el Gobierno va a tener que sentarse a discutir paritarias”, afirmó. No es una amenaza, sino una descripción del escenario que se abre: con respaldo judicial, las universidades recuperan margen de presión en un contexto donde los salarios y el funcionamiento institucional vienen siendo seriamente afectados.
Del lado del Ejecutivo, en cambio, las señales siguen siendo difusas. No hubo anuncios oficiales tras conocerse el fallo ni definiciones políticas claras sobre cómo se avanzará en su cumplimiento. Y en ese vacío empieza a sobresalir una figura que, paradójicamente, debería ser central en esta discusión: el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “el Profe” Álvarez.
Hijo del histórico dirigente de la Guardia de Hierro, Álvarez ocupa formalmente el cargo encargado de articular la relación entre el Gobierno y las universidades. Sin embargo, en los últimos meses su presencia en el conflicto fue prácticamente inexistente. Mientras el sistema universitario acumula paros, marchas y presentaciones judiciales, el subsecretario parece haber reducido su rol a una hiperactividad en la red social X, donde opina, provoca y polemiza con el tono más cercano al de un troll libertario que al de un funcionario público con responsabilidades institucionales.
En los pasillos universitarios, y también en los gremiales, ya no es raro escuchar críticas que lo señalan como una figura ausente en la gestión real del conflicto, más preocupada por la batalla cultural en redes que por sentarse a negociar con rectores, docentes y no docentes. En un contexto donde el Gobierno necesita interlocutores políticos, la Subsecretaría de Políticas Universitarias aparece, cuanto menos, desdibujada.
La tensión se agrava además por el marco presupuestario. El Presupuesto 2026 consolidó un ajuste profundo sobre educación superior, lo que convierte a la Ley de Financiamiento en una pieza clave de resistencia institucional. Para las universidades, no se trata solo de fondos, sino de sostener un modelo de universidad pública frente a una lógica de recorte permanente.
En la UNC, los gremios ya advirtieron que el fallo judicial fortalece la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si el Gobierno insiste en incumplir la ley o en vaciarla por la vía de los hechos. El inicio del ciclo lectivo 2026 vuelve a quedar atado al resultado de esta pulseada, que combina tribunales, paritarias y conflicto político abierto.
Nadie en el sistema universitario da por cerrada la disputa. El Gobierno ya demostró que está dispuesto a estirar los límites institucionales. Pero con este fallo, las universidades lograron algo clave: romper la inercia del ajuste y obligar al Ejecutivo a jugar en un terreno que no controla del todo. El problema, para el oficialismo, es que mientras la Justicia habla, algunos de sus funcionarios siguen twitteando.
El pronunciamiento conjunto de cinco facultades contra la detención de Nicolás Maduro y el intervencionismo internacional excede el hecho puntual y deja entrever movimientos políticos que empiezan a leerse en el tablero universitario.
Mientras se acerca el ingreso a la Facultad de Derecho de la UNC, las principales agrupaciones estudiantiles ya juegan su propio partido. No se trata solo de clases de apoyo, sino de cómo cada espacio construye un relato sobre masividad, acompañamiento y gestión, en un escenario donde el ingreso y el primer año pueden terminar definiendo una elección que promete ser voto a voto.
La aprobación del Presupuesto 2026 consolidó el esquema de financiamiento universitario más bajo de las últimas dos décadas. En la UNC, el recorte anticipa un escenario de conflictividad gremial, tensiones políticas internas y un inicio de clases que vuelve a quedar bajo amenaza.
El rechazo del capítulo que buscaba eliminar la Ley de Financiamiento Universitario evitó un golpe institucional para la Universidad Nacional de Córdoba y el sistema público en general. Sin embargo, el presupuesto proyectado para 2026 sigue siendo insuficiente y deja a la UNC frente a un escenario de tensión creciente, con salarios deteriorados, partidas ajustadas y un conflicto que aún no encuentra salida.
El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que el Presupuesto 2026 debe garantizar la continuidad del sistema universitario y el rector de la UNC se sumó al planteo. El reclamo es justo y necesario, pero convive con una tensión interna que expone límites políticos de la gestión: el recorte sobre los medios universitarios.
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