El rechazo del capítulo que buscaba eliminar la Ley de Financiamiento Universitario evitó un golpe institucional para la Universidad Nacional de Córdoba y el sistema público en general. Sin embargo, el presupuesto proyectado para 2026 sigue siendo insuficiente y deja a la UNC frente a un escenario de tensión creciente, con salarios deteriorados, partidas ajustadas y un conflicto que aún no encuentra salida.
Universidad19 de diciembre de 2025
Francisco Lopez Giorcelli
Por: Francisco Lopez Giorcelli
El rechazo del Capítulo XI evitó un golpe institucional mayor, pero no despejó el escenario de crisis. Rectores, gremios y estudiantes alertan que el financiamiento previsto para 2026 sigue siendo insuficiente y que, sin respuestas concretas, la presión social y sindical tenderá a crecer.
El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un saldo político ambiguo para el Gobierno nacional y confirmó que el conflicto universitario está lejos de cerrarse. Finalmente, el oficialismo no logró avanzar con el Capítulo XI del dictamen, el artículo que pretendía derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada con mayoría agravada y sostenida tras una de las movilizaciones sociales más amplias del último tiempo. El rechazo de ese punto evitó un retroceso institucional de alto impacto, pero no modificó el núcleo del problema: el esquema presupuestario para las universidades públicas sigue siendo insuficiente y proyecta un 2026 marcado por la tensión.
La caída del capítulo más controversial fue leída en el sistema universitario como un límite político impuesto desde el Congreso, pero también como una victoria incompleta. El Gobierno no pudo avanzar sobre la ley, pero logró sostener un presupuesto que consolida el ajuste en salarios, funcionamiento e inversión. En ese sentido, la votación dejó una “victoria amarga” para el oficialismo: evitó una derrota total, pero quedó expuesto el aislamiento político de una estrategia que buscó avanzar sobre la universidad pública sin consenso y terminó retrocediendo ante la presión social e institucional.
Antes del desenlace parlamentario, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA, FATUN, UDA y la Federación Universitaria Argentina, había advertido con dureza sobre los riesgos del dictamen. El comunicado conjunto denunciaba que el proyecto no resolvía los problemas presupuestarios y salariales del sistema y calificaba como una provocación innecesaria el intento de derogar la Ley de Financiamiento Universitario. El rechazo del Capítulo XI respondió, en parte, a esa advertencia, pero no alteró el diagnóstico de fondo que sostiene el sistema universitario.
El eje del conflicto sigue siendo político y estructural. El Presupuesto 2026 no contempla una recomposición real de los salarios docentes y no docentes, ni garantiza partidas de funcionamiento acordes al nivel de inflación y a la magnitud del sistema. Las universidades vienen funcionando con márgenes cada vez más estrechos, acumulando deudas, recortando actividades y sosteniendo programas académicos con recursos mínimos. En ese contexto, el rechazo de un artículo puntual aparece más como un freno a un avance extremo que como una solución al problema de fondo.
Mientras el debate se desarrollaba en el Congreso, el conflicto comenzaba a encontrar nuevamente expresión en la calle. Los gremios universitarios habían confirmado su participación en la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Si bien la convocatoria no está formalmente centrada en el reclamo presupuestario universitario, la superposición de agendas no es casual. Para amplios sectores del sistema, la reforma laboral y el ajuste presupuestario forman parte de una misma orientación política que impacta de lleno en las condiciones de trabajo y en el funcionamiento de la universidad pública.
Por ahora, pese a la tensión acumulada, no hay anuncios concretos de medidas de fuerza específicas vinculadas exclusivamente al Presupuesto 2026. No se definieron paros ni un plan de lucha formalizado, aunque el clima interno empieza a presionar en esa dirección. En las bases gremiales y en distintos claustros se consolida la idea de que el rechazo del Capítulo XI fue un triunfo defensivo, pero que no alcanza para garantizar el normal funcionamiento del sistema el año próximo. Sin una respuesta presupuestaria de fondo, la conflictividad aparece como un escenario difícil de evitar.
En Córdoba, la discusión se vive con especial atención. La Universidad Nacional de Córdoba, por su tamaño, su peso simbólico y su centralidad política, refleja con nitidez las tensiones que atraviesan al sistema. La UNC ya enfrenta dificultades para sostener programas académicos, becas, servicios y salarios, y el presupuesto proyectado para 2026 no ofrece señales de alivio. El rechazo del intento de derogar la ley fue recibido como una señal positiva, pero insuficiente para despejar la incertidumbre.
La alta casa de estudios cordobesa fue uno de los epicentros de las movilizaciones universitarias más importantes del último tiempo y su rol vuelve a ser observado de cerca. En ese escenario, la falta de definiciones claras sobre medidas de fuerza comienza a generar debate interno. La discusión ya no gira solo en torno a frenar retrocesos legislativos, sino a cómo disputar una mejora real en el financiamiento que permita salir del esquema de emergencia permanente.
Con el capítulo más sensible rechazado pero el ajuste aún en pie, el Presupuesto 2026 deja abierto un conflicto que promete seguir marcando la agenda. El Gobierno evitó una derrota mayor, pero no logró cerrar la discusión. En Córdoba y en la Universidad Nacional de Córdoba, el desenlace parlamentario se lee con una certeza compartida: la amenaza más grave fue contenida, pero la crisis sigue intacta y el próximo capítulo todavía está por escribirse.
El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que el Presupuesto 2026 debe garantizar la continuidad del sistema universitario y el rector de la UNC se sumó al planteo. El reclamo es justo y necesario, pero convive con una tensión interna que expone límites políticos de la gestión: el recorte sobre los medios universitarios.
El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.
La Universidad Nacional de Córdoba abre el proceso de ingreso para el ciclo 2026 en un contexto de conflictividad persistente con Nación, reordenamientos internos en las principales fuerzas políticas universitarias y la llegada de una nueva cohorte de estudiantes que llega con demandas distintas y poca paciencia para los discursos tradicionales. La disputa por el electorado joven vuelve a ser central en un escenario volátil, donde cada movimiento puede inclinar el mapa estudiantil del próximo año.
La reactivación de un debate largamente postergado en la Facultad de Filosofía y Humanidades no solo habilitó cursos de verano como en otras tantas facultades que ya los aplican, sino que dejó al descubierto el debate político estudiantil. Entre acusaciones cruzadas y disputas por legitimidad, Estudiantes al Frente y Otras Voces ya se preparan para la carrera electoral de 2026.
Aunque ADIUC decidió no suspender mesas en noviembre y diciembre en coordinación con el movimiento estudiantil, la discusión sobre el futuro académico reabre fricciones. En Psicología, la agrupación Sur respalda la lucha docente pero exige garantías para proteger a la comunidad que representa. El Rectorado sigue sin margen mientras el gremio adelanta un verano conflictivo y amenaza con el no inicio en 2026.
La obra social de la UNC atraviesa un momento crítico marcado por modificaciones prestacionales, reclamos gremiales y un escenario financiero deteriorado. Mientras el Rectorado defiende los ajustes como una respuesta obligada al contexto económico, ADIUC sostiene que las medidas representan un recorte que afecta a los afiliados y exige que la Universidad asuma el problema como una prioridad institucional (asoma el fantasma del ajuste a los SRT). La disputa reaviva tensiones entre la gestión y el sindicato docente.
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El gobernador Martín Llaryora encontró la oportunidad para aplicar un ajuste previsional, mientras promete el 82% para más de la mitad de las jubilaciones. Cómo lo justifica: 1- la culpa es del gobierno de Javier Milei que no envía los fondos; 2- El sector privado no tiene por qué financiar el rojo previsional.
Con un fuerte rechazo gremial, críticas de la oposición y un despacho final que se conoció cuando la sesión había iniciado, el oficialismo aceleró el debate y logró aprobar la declaración de emergencia previsional que redefine los aportes de los activos a la Caja, bajo el argumento de dar viabilidad a la Iniciativa Popular impulsada por jubilados autoconvocados.
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Desde el Tribunal de Cuentas que maneja el Frente Cívico aseguraron que el gobierno computa como rojo lo que son intereses por las transferencias del estado provincial al sistema previsional. Juez, en la línea de que todo es responsabilidad del PJ.
