Por Gabriela Yalangozian
La decisión del Banco de la Provincia de Córdoba de avanzar con el cierre de “Extensiones de Mostrador” y el retiro de cajeros automáticos en distintas localidades del interior desató una fuerte reacción política. En la Legislatura ingresó recientemente el proyecto 45369/R/26, impulsado por el legislador radical Mauricio Sebastián Jaimes, que exige al Poder Ejecutivo provincial su intervención para frenar la medida.
El planteo no quedó aislado. “Presentamos varios proyectos y activamos otros anteriores”, confirmó Jaimes ante la consulta de este medio respecto de si se avanzará con una iniciativa unificada por otros proyectos que ya tienen estado parlamentario.
La inquietud de la medida cuenta con amplio respaldo político. Desde el bloque radical y con el acompañamiento de cerca de una veintena de parlamentarios, se sumaron firmas en rechazo a la decisión adoptada por Bancor que deja sin terminales a localidades de valle de Calamuchita, Punilla, Traslasierra y otras zonas del interior provincial argumentando la baja rentabilidad.
El foco inicial está en que en varias comunas no existen sucursales bancarias en varias localidades a la redonda y el cajero automático representa el único canal de acceso al efectivo. La preocupación se repite en varios puntos del interior provincial donde el servicio podría verse afectado.
El costo para los municipios
Uno de los aspectos más controvertidos es la propuesta que el banco habría trasladado a los intendentes: si desean mantener los cajeros, deberán hacerse cargo del costo de mantenimiento, reposición de dinero y funcionamiento del sistema, con cifras que superarían los 1.700 dólares mensuales.
Desde la oposición consideran que la medida traslada una responsabilidad provincial a las arcas municipales. Argumentan que muchas comunas ya asumen gastos como alquiler de espacios y consumo eléctrico, y sumar nuevos costos resulta inviable para presupuestos locales ajustados.
Jaimes también cuestionó el argumento de “optimización de recursos”. Aseguró que, mientras se reducen servicios en el interior, se incrementan contrataciones de empresas tercerizadas para tareas de mantenimiento, limpieza y atención, lo que —según expresó— afecta la carrera bancaria y genera sospechas sobre el manejo de los recursos.
Villa Carlos Paz se anticipa
En Villa Carlos Paz, la preocupación también llegó al Concejo de Representantes. La concejala radical Pía Felpeto presentó en la misma sintonía que sus pares legislativos un Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que informe si recibió notificaciones —formales o informales— por parte del Gobierno provincial o del Banco de Córdoba respecto al posible cierre o retiro de cajeros en la ciudad.
dad turística como la nuestra, y con una importante población de adultos mayores, el acceso a cajeros automáticos sigue siendo un servicio esencial”, expresó Felpeto. La edil busca conocer qué gestiones se realizaron o se prevén realizar para evitar un impacto negativo en vecinos, comerciantes y visitantes.
El debate no es menor en una ciudad que duplica o triplica su población durante las temporadas altas. Legisladores y concejales advierten que la reducción del servicio podría afectar tanto a residentes como al turismo, además de profundizar la brecha digital y complicar a quienes aún dependen del efectivo para sus transacciones diarias.
El retiro de cajeros —que para algunos es parte de una modernización financiera— para otros representa un retroceso en términos de equidad territorial y acceso a servicios básicos.
