Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
Al cierre de esta edición, el Senado de la Nación avanzaba en el debate por la ley de reforma laboral cuya votación se iba a producir cerca de la medianoche. La cordobesa Alejandra Vigo colaboró con el quórum para iniciar la sesión, que sin sobresaltos consiguió La Libertad Avanza, y se esperaba la definición de su voto. Su exposición quedó anotada para el bloque de cierre del debate. La esposa de Juan Schiaretti, que hoy asumirá como diputado nacional para integrar el bloque de Provincias Unidas, no hizo saber de antemano su postura. Al dictamen que fue al recinto no lo firmó. Lo que sí, si bien el gobierno de Martín Llaryora dio “libertad de acción” para que cada legislador nacional decida su voto, desde el Panal varios funcionarios manifestaron la “necesidad de una reforma” , aunque con la salvedad de que una nueva ley debía contemplar la realidad de las pymes y no atentar contra derechos adquiridos.
Al mismo tiempo, durante la tarde, se conoció el dictamen de mayoría del proyecto de Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 18 años, que hoy se tratará en el recinto de Diputados. Al menos en el segundo caso, se empieza a despejar la postura del cordobesismo sobre la iniciativa de La Libertad Avanza, que recibió modificaciones por aportes de otros bloques. Alejandra Torres, de la comisión de Justicia, Ignacio García Aresca, de Presupuesto, y Juan Brugge, de Legislación Penal y Justicia, firmaron en disidencia. Según pudo saber este diario, las disidencias parciales fueron sobre la escala penal para adolescentes de entre 14 y 18 años años, punto sobre el que los cordobesistas distinguen alcances diferenciados según el joven tenga 14, 15 o 16 y 17 años: a menos edad, menos pena para el delito. La segunda disidencia es sobre la asignación presupuestaria para la aplicación de la ley. El texto enviado por los cordobeses al titular de la Cámara, Martín Menem, dice que las erogaciones que requiere el estado nacional, las provincias y CABA para el cumplimiento de la nueva ley “se atenderán con los recursos que se incluyan en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional”. “A los efectos de su implementación, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones, en función de la cantidad de habitantes de cada jurisdicción”, señala la disidencia. Lo presupuestario fue un punto álgido de la discusión con la diputada Laura Rodriguez Machado, titular de la comisión de Legislación Penal. La tercera disidencia es sobre el derecho al olvido. Los cordobesisas propusieron incluir un nuevo artículo al despacho de mayoría que modifica el artículo 51 del Código Penal de la Nación. Básicamente, apunta a que jóvenes que sean condenados por delitos, puedan “borrar su historial delictivo en el futuro y no quedar sujeto a estigmatizaciones por su pasado”, en igual de condiciones con un derecho que hoy tiene un adulto pero “en un tiempo menor en los plazos de registro de sus antecedentes penales” al de los condenados mayores de edad.
Aunque el gobierno de Llaryora ha dicho, a través de ministros como Juan Pablo Quinteros (Seguridad), que está de acuerdo en penalizar a menores a partir de los 14 años y que va a acompañar la normativa, el voto final de los integrantes de Provincias Unidas, a los que hoy se suma Schiaretti, tampoco fue blanqueado del todo. La gran pregunta es qué pasará con las disidencias planteadas y qué resultados dará la negociación por la incorporación de las mismas al texto final.
