Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
El motín policial de la provincia de Santa Fe tiene atento al gobierno de Martín Llaryora y en especial al ministro Juan Pablo Quinteros por el siempre posible efecto contagio y por el doble antecedente de la Policía de Córdoba, que se sublevó en 2005 y en 2013, durante dos gestiones de José Manuel de la Sota. Para más coincidencias, en la segunda oportunidad, la actual ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, estaba a cargo de la cartera homóloga en Córdoba. Tanto en la tierra que gobierna Maximiliano Pullaro, que paradójicamente fue ministro de Seguridad en la gestión de Miguel Lifschitz, como acá, los acuartelamientos iniciaron con acciones de las esposas y familias de los uniformados, que catalizan y amplifican los reclamos salariales y por mejores condiciones laborales.
Quinteros se reunió ayer un largo rato con el Gobernador para avanzar en la ley que va a limitar la actividad de los “naranjitas” sólo a los habilitados, eliminando la figura del “pago voluntario” que sigue vigente en el Código de Convivencia. También hablaron del motín policial en la vecina provincia. Llaryora habló por teléfono con Pullaro, puso ayuda a disposición y ofreció refuerzos de seguridad en los límites interprovinciales por las dudas se extienda el conflicto, aunque en Córdoba creen que la crisis va a finalizar pronto. El ministro tomó contacto con su par santafesino Pablo Cococcioni y con Monteoliva. La sucesora de Patricia Bullrich ofreció a Pullaro tropas de Gendarmería para contener el brote, en un gesto de diferenciación del gobierno de Cristina Kirchner que, según De la Sota y su ministro Oscar González, se negaron a enviar a Córdoba en aquel diciembre del 2013.
En el Panal aseguran que no hay parangón ni con lo que sucede en Santa Fe ni con la historia policial cordobesa, por muchos motivos. Destacan la diferencia entre la escala salarial de los uniformados santafesinos y la de los cordobeses, que parten de 1 millón 500 mil pesos, y a los que recientemente se les otorgó dos bonos de 700 mil para la compra del uniforme. En tierras “invencibles” el haber inicial ronda los 800 mil. Además, dicen, se trata de una fuerza carcomida por la desconfianza incluso entre pares. Ponderan los llaryoristas una suerte de new deal de este gobierno con la Policía y remarcan que hay muchos diferencia con el manejo de De la Sota y de Juan Schiaretti, que en el primer caso vivió los motines y en el segundo caso atravesó el asesinato policial de Blas Correas. “Somos otra generación”, afirman, mientras enumeran la inversión en armas, vehículos, implementos de seguridad y demás gestos del sanfrancisqueño.
Por si no alcanza el reconocimiento, la mejora salarial y la presencia de Quinteros en la calle con los agentes de seguridad, está la Ley Antimotines, aprobada en 2014 y que sanciona con cesantía o exoneración a quienes promuevan “insubordinación, abandono de servicio o reclamos hostiles”. Prohíbe reuniones y asambleas de uniformados y alcanza a los familiares de los díscolos. “Se van a cuidar mucho”, afirmaron desde el Gobierno.
Esto no quita que haya alerta. Teme el oficialismo que la oposición haga uso político del motín santafesino y aseguran que hay dirigentes y legisladores de la oposición, en especial del Frente Cívico de Luis Juez, que están conversando con esposas y familiares de policías provinciales retirados a fin de “sondear” el clima y, en todo caso, ayudar a complicarlo. En el cordobesismo circula una teoría que sostiene que existen corrientes internas en la Jefatura y en la tropa policial que es afín a Juez. En tiempos de elecciones, suele ser común que los peronistas cordobeses digan, al contar votos posibles entre los empleados públicos, que “la Policía es juecista”. Un fantasma que viene desde el primer motín del cabo Claudio Cisneros.
