La reforma jubilatoria interpuesta hace tres meses en Córdoba no deja de abrir nuevos frentes de conflicto. En un giro inesperado, se conoció que un grupo de jubiladas que impulsaron en diciembre pasado la iniciativa popular buscando cambios en el sistema previsional provincial y que fue respaldado por 38.800 firmas, propondrá formalmente a la Legislatura provincial que reactive el tratamiento de su propuesta original, despegándose del proyecto final aprobado por mayoría en recinto, con las modificaciones que interpuso el oficialismo.
En una nota que será elevada en las próximas horas, las jubiladas advierten a los legisladores que, si no se habilita el debate parlamentario en torno a este reclamo, recurrirán a la Justicia.
La presentación está dirigida al secretario de la Legislatura, Carlos Guillermo Arias, y reclama que el Expediente 45015 L/25 vuelva a tener estado parlamentario y sea tratado de manera urgente en comisión. Las jubiladas señalan que esperarán una respuesta en los próximos 15 días. En caso contrario, judicializarán el reclamo.
El planteo no aparece en el vacío: llega en medio de una creciente tensión política entre el Gobierno provincial, los gremios estatales por el impacto de la Ley de Equidad Jubilatoria aprobada en diciembre pasado y reglamentada inmediatamente después.
Las firmantes sostienen que el proyecto surgido de la ciudadanía debe ser debatido en el recinto tal cual fue elevado y advierten que avanzar con decisiones legislativas sin ese tratamiento es plausible de cuestionamientos constitucionales. En ese marco, remarcan que el mecanismo de iniciativa popular previsto por la legislación cordobesa obliga a que la Legislatura analice el proyecto mediante el procedimiento ordinario de discusión en comisiones y posterior tratamiento en el recinto. Y aseguran que esto no se dio con las propuestas respaldadas por las más de 38 mil firmas, sino que se centró en propuestas distintas.
El reclamo incluye una advertencia clara: si el debate no se produce, podrían promover una acción de amparo para exigir el cumplimiento del tratamiento legislativo.
El conflicto previsional como telón de fondo
El planteo de las jubiladas se inserta en un escenario previsional altamente conflictivo en Córdoba. Desde la sanción de la Ley 11.087 de Equidad Jubilatoria, el sistema previsional provincial se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el gobierno de Martín Llaryora y los gremios estatales.
La norma introdujo aportes extraordinarios progresivos de entre el 2% y el 8% para los trabajadores activos que aportan a la Caja de Jubilaciones provincial. Ese aumento impacta también en los haberes de los jubilados, ya que el cálculo de las prestaciones se realiza sobre el salario líquido de los activos, lo que motivó reclamos judiciales por ver disminuídos sus ingresos.
El esquema incluyó, al mismo tiempo, una redistribución interna del sistema: algunos jubilados con ingresos más bajos comenzaron a recibir un adicional que los acerca al 82% móvil, mientras que se modificaron los descuentos por doble beneficio para otros pasivos. Sin embargo, el cambio generó fuerte resistencia sindical y una ola de presentaciones judiciales.
Tal como informó Alfil la semana pasada, en tribunales ya se acumulan amparos y planteos de inconstitucionalidad contra la Ley de Equidad Jubilatoria. En algunos casos, jueces concedieron medidas cautelares para frenar los descuentos a algunos jubilados, mientras que otros reclamos –especialmente de trabajadores activos– fueron rechazados en instancias contencioso administrativas.
La presión de los gremios
El viernes pasado, el conflicto sumó otro elemento de presión política. Más de veinte organizaciones sindicales vinculadas a la Caja de Jubilaciones difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron el rumbo de la política previsional provincial.
El pronunciamiento fue firmado por gremios como UEPC, SEP, Judiciales, Luz y Fuerza, Suoem, Sadop, Bancarios, Gráficos, Casinos, Municipales y AMET, entre otros.
En el documento, los sindicatos analizan el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la Provincia que duplicará los envíos mensuales a la Caja de Jubilaciones, pasando de cinco mil a diez mil millones de pesos a partir de mayo de este año, en el marco de la conciliación judicial que se tramita ante la Corte Suprema por la deuda previsional.
Los gremios señalaron que esos fondos no deben interpretarse como un gesto político sino como recursos que corresponden legítimamente a Córdoba por el sistema previsional provincial. Sin embargo, plantearon que la llegada de más dinero debería abrir la puerta a revisar la ley aprobada por la Legislatura.
En particular, reclamaron la derogación de los efectos de la Ley de Equidad Jubilatoria, a la que acusan de haber recortado haberes y aumentado aportes sin negociación previa con los trabajadores.
Además, exigieron que se revierta el incremento de aportes y que se convoque a una mesa de negociación real entre el Gobierno provincial, la Caja de Jubilaciones y las organizaciones sindicales para discutir el futuro del sistema previsional. Mientras, la atención está puesta en la resolución que la Justicia podría tomar del amparo colectivo que fue presentado el 20 de febrero pasado.
Un frente político abierto
El conflicto previsional se convirtió así en uno de los principales frentes políticos de la gestión de Martín Llaryora. En el Centro Cívico sostienen que la ley responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja.
Desde la perspectiva oficial, el nuevo esquema aplica un criterio de equidad distributiva, en el que quienes perciben mayores ingresos realizan aportes adicionales para sostener el sistema y proteger a los jubilados con haberes más bajos.
Pero para los gremios y parte del sector pasivo, la norma implica un ajuste previsional encubierto que reduce el poder adquisitivo tanto de los trabajadores activos como de los jubilados.
En ese contexto, el reclamo de las impulsoras de la iniciativa popular agrega presión institucional sobre la Legislatura. Según trascendió, las mismas jubiladas ya tejieron lazos con los sindicatos cordobeses para aunar fuerzas para exigir la derogación de la reforma previsional a solo tres meses de su sanción para lograr una ley que se acerque a los lineamientos originales propuestos por la iniciativa popular.
