Yanina Soria
Apenas una semana después de pronunciar su discurso en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante donde relanzó la gestión municipal prometiendo un segundo tiempo de orden y crecimiento para la ciudad, el intendente Daniel Passerini tropezó. Una crisis ¿inesperada? en el sistema de transporte vuelve a poner los ojos sobre un servicio tan básico y fundamental, como complejo y sensible para los ciudadanos.
En la cronología de los hechos, el disparador del conflicto fue un supuesto sabotaje en la empresa FAM que dejó fuera de circulación las líneas de los corredores 2, 5, 7 y 600 y 601. El episodio surreal denunciado el domingo por la empresa, fue el robo de unas 200 llaves de colectivos que impidieron que las unidades pudieran salir a las calles. Entonces, el municipio diseñó un plan de contingencia que comenzó a funcionar desde la primera hora del día lunes donde, junto a las empresas Tamse, SíBus y Coniferal se cubrió la demanda de transporte en esos corredores.
Además, el municipio decidió que esos servicios sean gratuitos para quienes tomen tales líneas mientras dure el esquema alternativo (el costo del boleto será asumido por la Municipalidad). En paralelo, la administración de Passerini presentó la denuncia penal para que la Justicia investigue y determine responsabilidades.
Sin embargo, ese plan B no alcanzó para frenar, primero, las críticas de los propios usuarios que ayer vivieron demoras y algo de desconcierto en las paradas; y segundo -naturalmente- las de la oposición que encontró un flanco débil por donde pegar.
Es que, aunque el municipio haya actuado rápido una consumada la situación y haya diagramado un plan B, no puede quitarse la responsabilidad política que le cabe como poder concedente y organizador del servicio. Si bien los problemas con el transporte son cíclicos y trascienden ya varias gestiones, a esta le toca rediscutir el sistema para reordenar el esquema nuevamente.
Y justamente es ahí donde se enmarcan ciertas especulaciones en torno a que el sabotaje denunciado se tenga que ver con las tensiones latentes entre los grupos empresarios interesados en quedarse con el negocio del transporte en Córdoba. Ayer, el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, prácticamente dejó marginó de la competencia a FAM que, por cierto, ya venía en la cuerda floja a los ojos de la Municipalidad por distintos incumplimientos.
La oposición, olió sangre y mostró los dientes. Las críticas vinieron no sólo desde el ámbito de los concejales de las otras bancadas sino también en dirigentes como el propio Luis Juez quien opinó en carácter de ex intendente de la ciudad. Para el oficialismo, todo un atrevimiento de “quien dejó la ciudad en ruinas”, dijeron; mientras que el líder del Frente Cívico atribuyó la situación del transporte en Córdoba a “cuando los negocios y la corrupción están por encima de los intereses del usuario”.
“Un servicio frágil y de pésima calidad ha vuelto a poner de rehenes a los cordobeses de a pie, los que, esta vez, quedaron cautivos de la inoperancia de Llaryora y Passerini. Dos intendentes que nunca resolvieron el marco regulatorio del transporte urbano y pusieron irresponsablemente la política de transporte en manos de quienes hicieron, y hacen, fabulosos negocios en desmedro de los usuarios cordobeses”, disparó con su lengua karateca el senador.
Por su parte, la titular de la bancada de concejales UCR, Elisa Cafaratti, también disparó contra la gestión municipal: “En los últimos años el municipio anunció la compra de más de 280 colectivos con fondos públicos, alrededor de 210 durante la gestión del ex intendente Martín Llaryora, y 50 más 20 unidades a gas en la actual gestión de Daniel Passerini. Son colectivos pagados con el esfuerzo de los cordobeses, por eso en esta situación, esas unidades deberían estar disponibles para garantizar el servicio”.
Frente a esta situación, Fernández asistirá mañana al Concejo Deliberante para responder pedidos de informe en torno al transporte en la comisión correspondiente.
El transporte vuelve a ser un dolor de cabeza para una administración que necesita levantar el nivel de aprobación frente a sus ciudadanos y, políticamente, mostrar una buena gestión para contribuir al proyecto reeleccionista del gobernador Martín Llaryora. De hecho, a través de distintos convenios, la Provincia comienza a apuntar con más recursos y obras esta Capital, mirando el ´27.
