Felipe Osman
La UEPC rechazó este lunes la segunda oferta del Centro Cívico, en disconformidad con que la recomposición salarial quede condicionada a la evolución de la recaudación provincial, que lleva siete meses consecutivos en retroceso. Junto al rechazo, el gremio votó un plan de lucha que incluye una movilización hacia la sede del Ejecutivo esta mañana, y habría contactos para que la UTS se sume a la manifestación.
Formalmente encuadrados dentro del SEP, una parte significativa de los equipos de salud de la Provincia no se siente realmente representado por el gremio que Sergio Castro heredó de José Pihen, algunos se alinean con la UTS, otros con el SUTEAGEP, y otros tantos responden a las organizaciones de “autoconvocados”, que ya preocuparon al Centro Cívico bajo la gestión de Juan Schiaretti a la salida de la pandemia.
En ese entonces, el temor no confeso del Gobierno Provincial era que docentes y empleados de Salud confluyeran en un reclamo conjunto. Hoy, hay buenas razones para que ese temor pueda reeditarse. Y más aún si se tiene en cuenta que los sindicatos estatales se encuentran, de manera conjunta, al frente de otra cruzada: el rechazo a la Reforma Previsional recientemente sancionada por la Provincia y su discusión en las Cámaras Contenciosas de Córdoba.
En cualquier caso, observar la conflictividad desde un prisma local sería errado.
La dificultad que atraviesa Córdoba no es una excepción, sino la regla en el marco del concierto nacional. Al igual que Llaryora, los gobernadores de Catamarca, Jujuy, San Juan, Santa Cruz, Buenos Aires, Río Negro, Salta, Chaco y Santa Fe, entre otros, han experimentado problemas para cerrar sus paritarias, y en varios de estos casos aún no consiguen hacerlo.
Es que el cóctel es complicado. A un rebote inflacionario en virtud del cual el IPC viene en un alza constante desde junio de 2025 (1,9 - 1,9 - 2,1 - 2,3 - 2,5 - 2,8 - 2,9 - 2,9), sumado a la caída sostenida de la recaudación por merma de la actividad económica, opera un movimiento de pinzas sobre los gobiernos provinciales: por un lado, los reclamos de los sindicatos que quieren cubrirse de la inflación se intensifican, y por el otro, los recursos para hacer frente a ese aumento de los costos fijos son cada vez menores.
Quizá en atención a ese escenario es que el Panal salió ayer a difundir un comunicado por el cual solicitó a la dirigencia gremial el levantamiento del paro de 48 horas fijado por UEPC para miércoles y jueves de esta semana.
Dos curiosidades: la primera, resulta extraño que la Secretaría General de la Gobernación, que negocia cada paritaria con UEPC, desconozca que la dirigencia gremial carece de facultades para suspender un paro decretado en virtud del voto de las bases del gremio. Tal y como está estatutariamente concebida, la dirigencia gremial no es -o no debería ser- mucho más que un vehículo para manifestar la voluntad de sus bases.
La segunda, que el comunicado, que empieza con un tono en extremo conciliador, remarcando la tarea de los educadores, termina con un ultimátum por el descuento de los días de paro, expresando con toda prolijidad que “afectará la situación salarial de los docentes”.
En otro pasaje llamativo, el comunicado agrega que “el gobernador instruyó desacelerar y postergar obras públicas con el objetivo de concentrar recursos en la elaboración de una tercera propuesta salarial superadora, incorporando puntos planteados en la última asamblea docente”, aunque no menciona cuáles serían las obras desfinanciadas a este efecto.
Por lo pronto, el gremio ya confirmó que el paro es irrevocable, con lo cual la negociación se reactivará recién una vez conocida la mentada tercera oferta.
