Francisco Lopez Giorcelli
El conflicto universitario se tensiona cada vez más. Luego del alto acatamiento al paro nacional de la semana pasada, los gremios docentes resolvieron profundizar el plan de lucha con una nueva medida de fuerza que se extenderá entre el 30 de marzo y los primeros días de abril.
La profundización del conflicto aparece como una estrategia de confrontación directa con un Gobierno Nacional que por el momento parece más preocupado en resolver (y justificar) el presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial y jefe de gabinete, Manuel Adorni.
La decisión gremial forma parte de un esquema de paros progresivos votado en el Congreso de la federación docente, que contempla semanas completas de inactividad durante el cuatrimestre si no hay respuestas concretas en materia salarial y presupuestaria.
Desde ADIUC remarcaron que la medida es una respuesta a un conflicto que no deja de agravarse. “En vísperas del paro total de una semana impulsado por la docencia universitaria en todo el país, el gobierno nacional —otra vez de manera inconsulta— otorgó aumentos salariales por debajo de la inflación”, señalaron en un comunicado reciente.
En esa línea, cuestionaron la política salarial del Ejecutivo y la definieron como “una evidente maniobra del gobierno para intentar poner ‘paños fríos’ en un conflicto que crece y se profundiza en todas las universidades”. Para el gremio, los incrementos anunciados no sólo resultan insuficientes, sino que profundizan el deterioro del poder adquisitivo.
El diagnóstico es alarmante: “los salarios docentes aún necesitan un 49% de aumento para tener el mismo poder adquisitivo que en noviembre de 2023”. Además, advirtieron que “cada día que pasa, mientras la inflación sigue en porcentajes cercanos al 3% mensual, los salarios y el funcionamiento de las universidades se deterioran un poco más”.
En paralelo, el reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sigue siendo un punto central. Desde ADIUC fueron explícitos: “la solución está a mano, es urgente y es obligación del gobierno nacional: deben cumplir con la ley de financiamiento universitario y convocar a la paritaria”.
El escenario, lejos de descomprimirse, tiende a complejizarse. La reiteración de medidas de fuerza, sumada a la falta de instancias de negociación, empieza a impactar en el normal desarrollo del ciclo académico en distintas universidades del país.
En Córdoba, el conflicto también se hace sentir a partir de que ADIUC ya había planteado la necesidad de avanzar hacia medidas más contundentes, incluso con la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, una postura que tensiona hacia arriba al resto de las asociaciones de base.
A esto se suma la creciente articulación entre gremios docentes, no docentes y sectores del movimiento estudiantil en la docta, que en las últimas semanas mostraron capacidad de movilización en las calles. Esa convergencia empieza a trasladarse también al terreno del conflicto universitario.
Con un calendario de protestas confirmado, la movilización en defensa de la Universidad Pública fijada para Abril y sin señales claras de diálogo por parte del Gobierno, el sistema universitario entra en una fase de mayor conflictividad. Por ahora, la dinámica parece marcada por la acumulación de medidas y la presión creciente, en un escenario abierto y sin resolución a la vista.
