Francisco Lopez Giorcelli
La última sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la UNC dejó mucho más que una votación administrativa. Lo que estaba en discusión —la extensión de regularidades en el marco de las semanas de paro— terminó convirtiéndose en un episodio político que expuso tensiones internas, reconfiguraciones y límites en la conducción de la gestión.
El proyecto finalmente aprobado establece la extensión de regularidades para estudiantes que no pudieron rendir o sostener el cursado con normalidad producto de las medidas de fuerza docentes. La iniciativa se inscribe dentro de un esquema más amplio de contención impulsado por la agrupación SuR, que desde hace semanas viene planteando la necesidad de resguardar las trayectorias académicas frente al impacto del conflicto universitario.
No era la primera vez que el tema llegaba al recinto. Dos semanas atrás, SuR ya había presentado una propuesta en esa línea, pero fue rechazada por el decano de Psicología, Pereno, en una decisión que generó fuerte malestar en sectores estudiantiles. En ese momento, la negativa implicaba, en los hechos, que muchos estudiantes quedaron al borde de perder la regularidad en sus materias, acortando plazos en un contexto atravesado por paros.
La aprobación actual cambia ese escenario y, al mismo tiempo, deja expuesta la capacidad de presión de la principal fuerza opositora. SuR no solo logró reinstalar el tema, sino también forzar a la gestión a retroceder en una posición que aparecía cerrada.
El movimiento también arrastró a otros actores. Franja Morada, que había impulsado una alternativa propia sin éxito, terminó acompañando el proyecto opositor, quedando alineada detrás de una iniciativa que no logró conducir. La escena no es menor: el radicalismo estudiantil, históricamente cercano a espacios de gestión, quedó en una posición reactiva, más que propositiva.
Distinta fue la postura de La Bisagra, que optó por la abstención argumentando “falta de información”. Una decisión que buscó tomar distancia del conflicto, aunque no evitó quedar al margen de una votación que tenía impacto directo sobre la situación académica de cientos de estudiantes.
Más allá del resultado concreto, lo ocurrido en el Consejo Directivo deja algunas señales políticas. Por un lado, una gestión que muestra dificultades para sostener decisiones cuando se activan niveles altos de presión. Por otro, una oposición que empieza a capitalizar ese desgaste y a ordenar iniciativas con capacidad de incidencia real.
En el medio, aparece un dato que empieza a repetirse: la creciente centralidad del conflicto universitario como ordenador de la política interna. Lo que se discutió como una medida académica terminó siendo, en los hechos, una disputa por el sentido de la gestión y el rol de las agrupaciones frente a un escenario de ajuste.
La extensión de regularidades ya es un hecho. Lo que queda abierto es si este episodio marca un punto aislado o el inicio de una dinámica más estructural dentro de la facultad, donde las mayorías ya no se construyen de manera automática.
