Gabriel Marclé
La discusión sobre la posibilidad de dejar atrás la histórica interna radical para definir la candidatura a intendente en 2028 abrió una puerta que hasta hace poco no formaba parte del menú partidario. Pero, más allá del debate formal, en los pasillos de la sede de calle Cabrera empezó a circular otra hipótesis que busca resolver el mismo problema por otra vía: si no hay interna, que sea la calle la que ordene.
La idea, deslizada por lo bajo durante la reunión del jueves pasado que convocó a la dirigencia, concejales y tribunos, apunta a transformar el período que se abre hasta el 2027 en una especie de “encuesta permanente”. Un esquema en el que los aspirantes a la candidatura no se midan en una elección partidaria, sino en su capacidad de instalarse, crecer y rendir frente al electorado, tanto el radical como el opositor al peronismo local.
El concepto no es del todo nuevo dentro de la UCR. Ya había aparecido en discusiones anteriores, incluso impulsado por sectores que cuestionaban el desgaste de las internas. Pero el contexto actual —con un partido que busca reordenarse, recuperar volumen opositor y evitar nuevas fugas— le da otra centralidad. En ese marco, la lógica es simple: dejar que los nombres se muevan, que prueben su potencia en la agenda pública y que, llegado el momento, el partido “coseche” al que mejor haya rendido.
Las primeras señales de ese esquema no tardaron en aparecer. Apenas un día después del encuentro partidario, Marcos Curletto y Martín Carranza salieron a los medios con críticas dirigidas a la gestión de Guillermo De Rivas. El movimiento no solo formó parte del intento por tomar la iniciativa opositora, sino que también funcionó como una forma de medir impacto de dos dirigentes de valía, uno presidiendo el Circuito Centro y otro en Banda Norte, con experiencia como concejales -Carranza fue incluso presidente de bloque en la era Jure- y contenido picante en sus declaraciones.
Si bien esa parece ser la forma de concluir quiénes logran perforar mejor en la opinión pública y, sobre todo, en el electorado que hoy se posiciona como anti-De Rivas, ese corrimiento también se inscribe en otra disputa interna: la de los lugares de centralidad dentro del frente opositor. Las intervenciones de Curletto y Carranza se leyeron como un intento de desplazar del foco a Gabriel Abrile, quien hoy ocupa el rol institucional más alto dentro de Primero Río Cuarto, pero que aparece cada vez más corrido del armado estratégico del radicalismo.
Con Abrile en una posición ambigua y con su futuro político aún en duda, el mapa de nombres empieza a reconfigurarse. En ese tablero, Antonella Nalli emerge como una de las figuras con mayor visibilidad. Su rol en el Concejo Deliberante y su protagonismo en la ofensiva por temas como la higiene urbana y el estado de las calles la posicionan como una de las voces más activas del espacio, cara visible del mayoritario sector anti Milei del centenario partido en la ciudad y cara joven de una propuesta pura en vistas del 2028.
En paralelo, Gonzalo Parodi sigue siendo una referencia ineludible por su condición de último candidato a intendente del partido. Aunque todavía no hay definiciones sobre una eventual nueva postulación y su presente está corrido de la primera línea, es un nombre que permanece en la conversación y forma parte de ese universo que podría medirse en esta lógica de exposición progresiva.
La lista no termina ahí. Dentro del radicalismo también aparecen quienes promueven alternativas por fuera del esquema local tradicional. Desde la posibilidad de repatriar a Piera Fernández, hoy con proyección en la estructura nacional del partido, hasta la búsqueda de figuras con mayor recorrido o nivel de conocimiento, el abanico sigue abierto y sin síntesis.
En ese contexto, la “encuesta permanente” funciona más como un método que como una definición. No ordena por sí misma, pero establece una dinámica: la de un radicalismo que, sin interna formal, empieza a testearse en tiempo real. Cada declaración, cada aparición mediática, cada intervención en el Concejo o en redes sociales pasa a ser parte de esa medición difusa pero constante.
La clave, según reconocen en el partido, estará en cómo se procese esa información. Porque si bien la idea apunta a evitar el desgaste de una interna, también implica otro riesgo: que la competencia se traslade al espacio público sin reglas claras de contención. Un escenario que, en un partido atravesado por tensiones recientes, podría reconfigurar los equilibrios internos.
Por ahora, la discusión sigue en etapa embrionaria. Pero el dato político es que, mientras la UCR define si rompe con una de sus tradiciones más arraigadas, ya empieza a ensayar el mecanismo que podría reemplazarla. Un proceso menos formal, más extendido en el tiempo y con la calle como principal termómetro.
Tras el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada el año pasado por el Congreso, la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, celebró la medida. “Esto de alguna manera pone en evidencia la necesidad de fortalecer instituciones, de fortalecer un sistema republicano, la división de poderes”, sostuvo también en diálogo con LV16.
Asimismo, remarcó que la resolución pone el foco en “la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes y el monto de las becas estudiantiles”. Cabe recordar que los docentes de la casa de altos estudios local se encuentran llevando adelante un paro de 72 horas que finaliza este miércoles.
Según detalló Rovera, la respuesta del sistema universitario frente al incumplimiento del Gobierno fue articulada a nivel nacional: “Numerosas instituciones universitarias, más de 40 universidades públicas nacionales presentamos ese recurso, esa cautelar”, indicó.En relación a los próximos pasos, advirtió que el escenario podría escalar hacia la Corte Suprema.
Por último, Rovera subrayó que el fallo también rechaza uno de los argumentos centrales del Ejecutivo referido al déficit fiscal. “Lo dice claramente y de manera expresa que no es tal”, afirmó sobre el planteo y concluyó: “No hay un impacto que pueda dañar el interés público si la ley se aplica”.
