Javier Boher
Ayer me costó encontrar un tema para escribir, básicamente porque la agenda estuvo dominada por el ultimátum de Trump a Irán, el conflicto del transporte en Buenos Aires, las hipotecas de Adorni y algunas otras noticias menores, todas girando en torno a la situación económica (de “se venden muchas motos” en un extremo a “la gente ya no come ni pan” en el otro).
No quiero volver a escribir sobre Adorni, lo de Trump no es lo más relevante para Argentina y el problema del transporte porteño no es nada al lado de lo que vivimos en el resto del país durante años. Después de un rato muy largo buscando de qué escribir encontré un tema que se perdía entre todas las demás. Se trata del proyecto del gobierno nacional para regular las tasas municipales.
Algo hemos hablado sobre esto en el pasado, aunque no específicamente sobre las tasas. En medio de la campaña del año pasado, los gobiernos provinciales y municipales aprovecharon para subir los impuestos y tasas en una medida en la que avanzaron sobre aquello que se retiró el Estado nacional, manteniendo la presión fiscal total en niveles más o menos parecidos.
La idea de aquella nota era que el costo político del ajuste no hecho por los gobiernos subnacionales iba a terminar siendo pagado por el gobierno libertario. Tal vez por eso es que se presentó la propuesta de establecer una regulación federal clara que le ponga un límite a la voracidad local.
No podemos saberlo con certeza, pero probablemente esto también sea una forma de avanzar sobre los municipios que son casi provincias, como muchos del conurbano bonaerense o las grandes ciudades como Córdoba o Rosario. Sea la que sea la motivación, no resulta descabellado avanzar sobre esa discrecionalidad con la que se imponen las tasas sobre los vecinos.
El ejemplo más claro que tenemos del efecto nocivo de tratar a los vecinos y empresas como si fuesen proveedores eternos de recursos es el que vivimos en Córdoba con Mercado libre, que el año pasado anunció que se iba de la capital por las altas tasas.
La semana pasada nos enteramos que la empresa evalúa instalarse en Villa Allende, municipio con el que se habría acordado una serie de beneficios para la empresa a cambio de una contraprestación para la ciudad y sus residentes. El ahorro más significativo sería en las tasas municipales, que la ciudad de la periferia capitalina bajó al 7% de lo que la empresa pagaba en su ubicación anterior. Con un mes de lo que pagaba en la capital cubriría todo el año en la ciudad gobernada por Pablo Cornet, acumulando una diferencia de casi seis millones de dólares en el año que le servirían para organizar toda la mudanza.
Está bien cobrar impuestos y tasas porque hay que sostener el Estado, pero no se pueden subsidiar eternamente los delirios nórdicos de gente poco familiarizada con la idea de eficiencia en la administración de recursos escasos. El proyecto presentado en Diputados quiere reforzar aquello que debería estar claro: las tasas deben tener una contraprestación concreta, efectiva e individualizada debidamente justificada por cada municipio, al revés de lo que pasa hoy.
Hace un tiempo hablaba con un empresario que tiene oficinas y operatoria en distintas provincias y ciudades. Me dijo que es imposible pagar todo lo que los municipios quieren cobrar en todos lados, así que se concentran en los más grandes y tratan de evadir las tasas en los más chicos, generando incertidumbre y costos administrativos adicionales para una empresa que solamente quiere vender sus productos en más lugares y a menor precio. El hecho de que estemos acostumbrados no quiere decir que esté bien.
El grueso de las noticias que circulan en medios y portales reflejan el momento de debilidad que está atravesando el gobierno y eclipsan este tipo de iniciativas que propone atacar directamente el peso del Estado en los hombros de los ciudadanos. Veremos si cambios tan grandes finalmente prosperan en el Congreso.
