Javier Boher
No puedo saber muy bien cuál es el origen del elemento que me diferencia del progresismo convencional, porque a decir verdad coincido en el trazo grueso con buena parte de su agenda. Sería algo así como un liberal de izquierda, algo casi imposible en un país en el que el liberalismo parece mala palabra y todas las expresiones de izquierda son absolutamente estatistas.
Esa clasificación también implica lugares incómodos para las discusiones y posicionamientos que se desarrollan en estos tiempos de polarización, en los que parece más importante oponerse a todo lo que proponen y quieren los otros que buscar puntos intermedios que le sirvan a la mayoría.
El debate de estas últimas semanas en torno al cambio en la Ley de Glaciares es una muestra de lo difícil que puede ser la actual coyuntura nacional para los que pretenden dar discusiones superadoras.
Soy un defensor a ultranza de la conservación de la naturaleza, a pesar de que el año pasado los ambientalistas se enojaron por mis opiniones sobre el quebracho blanco de la Luchesse, que en estos días está largando nuevos brotes.
También soy un defensor ciego del desarrollo, entendido como la capacidad de generar riqueza para mejorar la calidad de vida de la gente a largo plazo. Todo lo que sea un desincentivo a los aumentos de la producción y la productividad me parece un error (aunque tampoco me gustan el consumismo ni la explotación, así que hay que caminar esa fina línea con cuidado).
El debate sobre la Ley de Glaciares nos pone en el mismo lugar en el que tantas otras leyes impulsadas por los ambientalistas, que tienen una agenda de conservación sin desarrollo económico. Es como quedarte en tu casa a cuidar el jardín en lugar de salir a trabajar: si nadie te mantiene porque le gustan tus flores, vas a tener que salir a trabajar o lo vas a pagar muriéndote de hambre.
Casi todas las propuestas verdes extremas terminan en el mismo lugar, una vida con menos confort y más penurias. Los dos mejores casos al respecto son el tantas veces mencionado desastre de Sri Lanka, donde la brusca transición a una agricultura 100% orgánica los sumió en una profunda crisis alimentaria por una caída del 40% en la producción de arroz. El otro caso es Europa apagando sus centrales nucleares para pasar a las sostenibles, quedando expuesta a su dependencia del gas barato ruso y pagándolo con una caída en los índices de crecimiento y productividad tras la irrupción de la guerra de Ucrania.
Nuestro país está lleno de recursos naturales que no valen nada por la negativa a extraerlos, siempre con excusas ambientales. Pese a la rígida legislación en el área los desastres se siguen acumulando lo mismo, porque no existen controles adecuados. Al final, siempre termina siendo un problema de capacidades estatales.
Argentina necesita crecer si quiere sacar a la gente de la pobreza, lo que además puede fortalecer a las provincias periféricas. Ambas cuestiones son posibles si se abandona esa agenda ambientalista que pregona un progresismo urbano que no tiene ni idea de lo que es vivir y cuidar la naturaleza.
No hay dudas de que es difícil encontrar un equilibrio entre conservación y desarrollo, pero no se puede sacrificar ninguno de los dos si se pretende mejorar la calidad de vida de la gente. Lamentablemente, la mayoría de las exposiciones que se han visto en torno a la Ley de Glaciares demuestra que a nadie le importa resolver el tema, sino solamente juntar algunas voluntades más para ganarle al otro en el recinto.
