Tras un debate atravesado por tensiones políticas y críticas cruzadas, la Legislatura de Córdoba aprobó finalmente el proyecto que modifica el Código de Convivencia para regular la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública. La iniciativa recibió respaldo en general de varios bloques, pero también dejó expuestas diferencias sobre cómo abordar un fenómeno que combina conflictividad urbana, informalidad laboral y reclamos de seguridad.
El despacho aprobado, compatibilizó distintos proyectos presentados por legisladores oficialistas y opositores como Matías Chamorro, Matías Gvozdenovich o Gregorio Hernandez Maqueda, aún cuando este último se desmarcó del proyecto unificado por la Comisión de Seguridad.
El debate no estuvo exento de polémica. La sesión comenzó con tres horas de demora, lo que generó quejas de la oposición. En los pasillos legislativos se mencionaron discusiones internas y negociaciones de último momento para terminar de cerrar el despacho que llegó al recinto. Sin embargo, para cuando comenzó el debate, desde el Panal, el Gobernador Martín Llaryora ya sabía que tenía los votos necesarios para su sanción.
Una mirada integral
Desde el oficialismo, el legislador Juan José Chamorro defendió el proyecto al señalar que la problemática de los naranjitas y limpiavidrios no puede abordarse únicamente desde el castigo. “Estamos frente a una sociedad fragmentada, atravesada por una crisis económica que genera cada vez más violencia”, planteó. En ese sentido, remarcó que durante el tratamiento en comisión se escuchó a cooperativas de trabajadores y también a representantes de la Iglesia.
Chamorro sostuvo que se trata de una problemática que requiere una mirada integral y remarcó que la ley busca respetar la autonomía de los municipios para decidir cómo ordenar el uso del espacio público.
El legislador también diferenció entre quienes intentan obtener un ingreso informal y quienes utilizan esa actividad para cometer delitos. “No avalamos delincuentes comunes disfrazados de naranjitas”, afirmó, al señalar que esos casos ya están contemplados en el Código Penal y habilitan la intervención de las fuerzas de seguridad.
En paralelo al debate legislativo, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, reforzó el enfoque de orden público con un posteo en su cuenta de X. Según expresó, respaldará “sin matices a cada policía que actúe para sostener el orden y la convivencia” y advirtió que no hay lugar para naturalizar conductas intimidatorias en la vía pública.
El mensaje fue tomado por la oposición para advertir que la ley podría allanar el camino al ministro para detener indiscriminadamente a los cuidacoches y limpiavidrios, con un accionar persecutorio o estigmatizante, como lo señaló la legisladora del FIT, Noelia Agüero.
Radicalismo: apoyo con reparos
Desde el bloque del radicalismo se acompañó a la hora de votar con el apoyo de la ley en general, aunque con reservas sobre algunos artículos. Los legisladores de la UCR plantearon diferencias con la redacción final de algunos puntos. En particular, cuestionaron que el proyecto sancione directamente a los limpiavidrios, cuando la propuesta alternativa que habían acercado era penalizar únicamente los casos en los que se exigiera un pago por ese servicio.
La legisladora radical Alejandra Ferrero señaló que el debate llega “tarde”, luego de años en los que el Gobierno —según afirmó— dejó crecer el problema. “Durante años se ignoró y se postergó este conflicto social. Hoy se discute cuando la situación ya está naturalizada en las calles”, planteó. Y agregó: “No alcanza con prohibir o decomisar; el Estado debe brindar herramientas para que estas personas puedan acceder a empleos formales”, sostuvo.
El legislador Matías Gvozdenovich, en tanto, precisó que el problema se generó no por la falta de normativas sino por la ausencia de decisión política para aplicarla. Y que este proyecto “pone un límite, prohíbe, sanciona y ordena”.
Los votos en contra
Desde el Frente Cívico, el legislador Walter Nostrala sostuvo que la iniciativa intenta esconder un problema social bajo una respuesta penal. “Estamos barriendo debajo de la alfombra una realidad que tiene que ver con gente que necesita salir a buscar el mango”, afirmó previo a adelantar el voto negativo del bloque.
El dirigente advirtió que no le sorprendería ver al ministro de Seguridad “deteniendo naranjitas para mostrar resultados”, en una lógica que calificó como “populista”.
Para Nostrala, en lugar de crear nuevas sanciones debería replicarse la experiencia de otras ciudades del interior donde la actividad se regula con sistemas de registro y control desde hace años sin que se den las situaciones de inseguridad que se ven en la Capital provincial.
Por su parte Gregorio Hernández Maqueda, votó en contra del despacho unificado y explicó que a pesar que celebraba la prohibición de los limpiavidrios, rechazaba la regulación de los cuidacoches; más aún cuando se incluía a ambas actividades en una misma norma.
Sobre la propuesta aprobada, dijo que simula hacerse cargo de la situación, pero en verdad la consolida. El legislador criticó que no se avance en la prohibición de los cuidacoches, y mantenga un sistema que ya fracasó y negó que la actividad de los naranjitas fuese laboral: “representan un grave problema de seguridad. Funcionan como dateros, participan en robos, generan zonas liberadas, venden y compran droga, aprietan a vecinos y comerciantes”, subrayó.
Tampoco acompañaron el despacho los legisladores Agustín Spacessi, Noelia Agüero, Patricia Botta y Bernardo Knipscheer.
Lo que establece la nueva ley
La norma aprobada modifica el artículo 60 del Código de Convivencia y establece sanciones para quienes exijan dinero por el cuidado de vehículos sin autorización municipal. Las penas previstas incluyen multas, trabajo comunitario o arresto de hasta seis días.
Además, se duplicarán las sanciones cuando intervengan grupos organizados, se utilicen menores, se aproveche la vulnerabilidad de las víctimas o el hecho ocurra en eventos masivos o cerca de hospitales y escuelas.
La ley también crea una figura específica para sancionar la limpieza de parabrisas en la vía pública, una práctica que hasta ahora no estaba tipificada de forma directa.
Finalmente, invita a los municipios a informar al Ministerio de Seguridad qué personas cuentan con autorización para realizar la actividad, con el objetivo de facilitar controles e identificación.
Con la aprobación legislativa, la norma entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que la implementación concreta quedará en manos de cada municipio, donde se definirá si la actividad se regula, se limita o directamente se prohíbe.
