Julieta Fernandez
En las últimas horas de este lunes, se presentó una lista opositora a la actual conducción del SUOEM Río Cuarto. Tal como lo había indicado Alfil, el “fantasma” del ex secretario general, Walter Carranza, asomó con más fuerza sobre el cierre del plazo para presentar las listas que competirán el próximo 29 de mayo. El hecho no sorprendió, ya que el dirigente sindical se mostró, en los últimos dos años, recorriendo distintas áreas municipales. De alguna manera, “tanteando el terreno” ante la posibilidad de tomar revancha y recuperar la conducción del sindicato del que fue destronado hace cuatro años.
A mediados del 2022 y luego de dos décadas al frente del gremio, Carranza perdió frente a un espacio que se presentó como “disruptivo” ante la falta de alternancia en el sindicato. Se trató de la Lista Verde, que llevó como candidata a la actual secretaria general, Jorgelina Fernández. En esa instancia, también participó la Lista Azul, que llevó como candidato a Diego Pinto. Fernández superó por 12 puntos a Carranza y, si bien la Lista Azul quedó en tercer lugar, se ubicó apenas cinco puntos por debajo del entonces secretario general.
Los resultados demostraron que Carranza, más allá de tener una estructura consolidada, había perdido el apoyo de gran parte de los afiliados que le habían dado cinco períodos consecutivos al frente del SUOEM. Este año será el primer test electoral para la actual conducción y, sobre todo, para evitar “la vuelta de Carranza”, quien dejó el sindicato siendo cuestionado por varios frentes. Incluso luego de dejar la conducción, el dirigente volvió a tener los reflectores encima tras una denuncia penal por presunta estafa a afiliados (en la que el gremio habría actuado como intermediario ante una financiera).
Carranza también fue señalado recurrentemente por su cercanía a las distintas gestiones municipales que fueron contemporáneas a su mandato. Principalmente, por su activa militancia en el PJ local y por la reelección de Juan Manuel Llamosas (era tildado de “estar del mismo lado que la patronal”). Sin embargo, con distintos frentes “en contra”, la intención de Carranza de participar de la próxima contienda evidencia que el dirigente ha encontrado terreno fértil para, por lo menos, tratar de allanar su regreso al gremio.
Según pudo saber Alfil, algunos sectores de la planta municipal han manifestado disconformidad o cierta “decepción” con la actual conducción en aspectos como los últimos acuerdos salariales o la salida de algunos integrantes de la comisión directiva (por ejemplo, la ex secretaria adjunta, Andrea Ferreyra). Desde sectores opositores como la Lista Azul, también han apuntado a Fernández por considerar que tuvo una posición contundente y firme en conflictos como en la Municipalidad de General Deheza pero que esa actitud no se replicaría a la hora de negociar con el gobierno municipal de Río Cuarto.
La incógnita reside en dónde se depositará el voto del afiliado que probablemente esté disconforme con la actual gestión pero tampoco quiera el regreso del ex secretario general. Antes que nada, resta esperar el proceso de verificación de las dos listas presentadas y la oficialización, que tendrá lugar este viernes. Si Carranza tiene luz verde, iniciará una campaña electoral que promete duros enfrentamientos entre el oficialismo y el ex secretario general, cuyo recuerdo en los afiliados aún está muy fresco.
La subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Río Cuarto, la secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba y la empresa de transporte SAT firmaron este martes un acuerdo que establece la implementación de un “Boleto Obrero Social” específico para el personal, mediante el cual la Provincia cubrirá el 50% del costo del pasaje. La medida beneficiará a cerca de 450 trabajadores que actualmente enfrentan dificultades para trasladarse hasta la planta, que funciona las 24 horas.
El secretario de Transporte provincial, Cristian Sansalone, describió el contexto en el que se gestó la medida: “Ante la reducción de frecuencias y la situación que atraviesan distintas empresas, nos informaron sobre esta industria que no podía cubrir los pasajes de sus empleados. Acudimos al municipio, que dio una respuesta inmediata, y en una mesa de trabajo definimos los ejes para una solución que hoy permite cubrir el 50% del boleto”.
En la misma línea, el funcionario provincial destacó la inversión impulsada por el gobernador, Martín Llaryora, para “atender problemáticas que impactan en la calidad de vida”: “Hoy la retracción económica es grave y en materia de transporte venimos aportando recursos en muchas áreas que se ven golpeadas”, indicó. Las partes coincidieron en que este acuerdo “constituye un primer paso” y se comprometieron a realizar un seguimiento del funcionamiento del beneficio, evaluar sus resultados y avanzar en nuevas medidas que fortalezcan la inclusión, la protección del empleo y la accesibilidad al transporte.
“El objetivo es garantizar la cobertura del traslado diario en la ida y la vuelta de la fábrica”, señalaron las autoridades durante el acto. El director general del Centro Cívico, Julián Oberti, destacó el trabajo conjunto: “Estamos conformes con esta negociación entre provincia, municipio y la empresa SAT. Se ha llegado a la posibilidad de darle una salida a este problema. A pesar de lo escaso de los recursos, cuando se trata de salvar una actividad que permite a los involucrados llevar el pan a la casa estamos presentes”.
Para garantizar la conectividad, la empresa SAT incorporará apéndices en las líneas 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 y 257, con horarios rotativos nocturnos y diurnos.
Al respecto, el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, Gastón Maldonado, explicó que el esquema surgió tras diversas instancias de trabajo: “Se pudo garantizar el transporte para más de 450 trabajadores que representan a 450 familias, y que llegarán en forma segura a sus puestos de trabajo”, y agregó que la implementación requirió diseñar nuevos recorridos y horarios en coordinación con la empresa. Maldonado remarcó que este nuevo mecanismo permitirá a los trabajadores acceder a un beneficio que “facilite la continuidad en sus trabajos y el sostenimiento de sus familias”.
La inversión provincial destinada a este esquema se estima entre 50 y 80 millones de pesos mensuales, según la cantidad de viajes que se registren.
