Carolina Biedermann
El conflicto en el sector educación sumó un nuevo capítulo político en plena negociación paritaria. Esta vez, el Frente Cívico decidió meterse de lleno en la polémica y sumó desde su zona de acción un planteo que combina denuncia institucional, presión legislativa y advertencias judiciales. Desde el Tribunal de Cuentas, el juecismo hizo una presentación en la puerta del recinto de la Legislatura de Córdoba, cuestionando el destino de casi 120 mil millones de pesos autorizados para reparar escuelas que, según denuncian, nunca se ejecutaron.
El Tribunal de Cuentas provincial, encabezado por su presidente Beltrán Corvalán,acompañado por la vocal Fernanda Leiva, convocaron a los legisladores de la oposición y expusieron cifras que agitaron la polémica: según sus datos, más de 170 expedientes aprobados para obras de infraestructura escolar en la Capital, están sin ejecución concreta en la realidad.
“Es un tema muy importante y grave porque involucra a la educación de todos los chicos de la provincia”, sostuvo Corvalán, quien remarcó que los fondos fueron autorizados pero las escuelas “siguen en pésimas condiciones”. La frase, en tono de advertencia, dejó flotando una pregunta que rápidamente tomó forma política: ¿qué hizo el Gobierno con ese dinero?
El encargado de traducir el reclamo con sus pares legislativos fue el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, quien anunció que el partido avanzará con una denuncia penal contra el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra. “Queremos que la Justicia investigue qué pasó con esos casi 120 mil millones de pesos”, disparó, elevando la temperatura de un conflicto que ya venía cargado.
Nostrala amplió el reclamo y buscó correrse del eje salarial: “El problema de la educación no es solo el sueldo docente o la calidad educativa. También es la infraestructura. Los chicos se mueren de frío en invierno, hay puertas y ventanas rotas, baños inutilizables. Y mientras tanto, la plata estaba aprobada”.
En ese marco, el dirigente también rechazó las críticas del oficialismo hacia el Tribunal de Cuentas. “Dicen que ponemos palos en la rueda, pero no se negó ningún expediente. Todo se aprobó. Entonces la pregunta es clara: ¿dónde está la plata?”, insistió.
El abanico opositor que participó de la exposición estuvo compuesto por un representante por bloque. Estuvieron Gregorio Hernández Maqueda de Mejor Futuro, Gerardo Grosso de Encuentro Vecinal, Matías Gvozdenovixh y Brenda Austin de la UCR, Patricia Botta de Valores Republocanos y Noelia Agüero de la izquierda Socialista
En paralelo, el frente gremial agrega otra capa de complejidad. Sectores docentes sostienen que la crisis que atraviesa el sistema educativo tiene raíz en las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei en La Libertad Avanza, y en código cordobés apuntan contra sus aliados directos, entre ellos el propio Frente Cívico. La tensión, se vuelve circular: mientras el espacio que lidera el juecismo denuncia irregularidades en el manejo de fondos para infraestructura, desde el ámbito docente le adjudican responsabilidad política por el deterioro del sistema en general, son dejar de lado la responsabilidad provincial.
Con la judicialización en puerta y la oposición buscando capitalizar el malestar, el debate educativo en Córdoba deja de ser sectorial. Se transforma, cada vez más, en un campo de disputa política.
