Felipe Osman
Mientras la semana pasada estuvo signada por la desaparición de Agostina Vega y la evolución del truculento caso policial que día a día reveló la investigación, el eje de esta semana ha sido el control de daños desplegado por el oficialismo para contener los costos político del asunto. Aunque corriendo, a veces, por delante de los acontecimientos, y otras, por detrás.
En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante recibió la renuncia de Ricardo Moreno a su banca y la llegada de Raúl La Cava, que salió del Ejecutivo para retomar la titularidad de la propia. Su partida de la secretaría de Políticas Sociales fue suplida por Andrea Ledesma, mano derecha del viguista y también persona de confianza del intendente, bajo cuyas órdenes revistó cuando Passerini controlaba el ministerio de Desarrollo Social de José Manuel de la Sota.
Ahora bien, este movimiento de piezas no vino sólo. Junto a él, el intendente echó mano al organigrama de la secretaría de Gobierno. Más específicamente, a la subsecretaría de Movilidad y Tránsito, cuyas competencias se repartirán ahora entre dos funcionarios: Eduardo Ramírez seguirá a cargo de Tránsito, pero Federico Ingaramo quedará a cargo de una nueva subsecretaría de Transporte, absorbiendo las tareas de articulación del sistema de Transporte con las prestatarias.
A su vez, la subsecretaría de Movilidad y Tránsito tendrá un nuevo director general: Matías Paredes, que al igual que Ingaramo viene de la Tamse.
Paredes llega para relevar del cargo a Iván Contreras, que junto Florencia Barrionuevo –flamante ex directora de Educación Vial- sale de la gestión municipal. Estas expulsiones están vinculadas a dos hechos: el primero, el allanamiento y detención de un empleado que tuvo lugar el pasado 13 de mayo en la Escuela Municipal de Tránsito, ante una denuncia por venta de carnets de conducir. El segundo, la trascendencia mediática que alcanzó el caso Barrelier, que evidenció que el acusado había faltado durante al menos 20 días a su lugar de trabajo por encontrarse detenido, en 2025, sin que esto haya disparado las alarmas de la Municipalidad ni producido la cancelación de su beca en la repartición.
Con estos cambios, más un proyecto del Ejecutivo que promueve modificaciones en la Ordenanza 7.244 (Estatuto del Empleado Municipal) para volver obligatoria la presentación semestral de certificados de buena conducta y narco-tests de todos los empleados, el Palacio 6 de Julio se propone gestionar la crisis y contener los costos políticos que el ‘caso Agostina’ trajo aparejados.
O al menos parte de ellos.
Por debajo del radar la Municipalidad también ha tomado otras medidas. Por ejemplo, la clausura del local “Wachitas”, en plena Nueva Córdoba. Se traba del bar en el que trabaja (o trabajaba) la mujer señalada como amante de Barrelier y dueña del vehículo en que el acusado habría transportado los restos de la menor para deshacerse de ellos en la zona sur de la ciudad.
La clausura del local llegó después de que trascendiera el vínculo de Barrelier con su encargada, y después de que los medios porteños pusieran sobre él el foco.
Paradójicamente, a “Wachitas” siguió la clausura de “Malibú”, un local bailable vecino al anterior, que también se ganó una faja cuando la prensa desvió hacia él su atención, en una nota del programa que Tomás Méndez conduce en Crónica Tv.
Formalmente, estos locales fueron clausurados por incumplimientos en las condiciones de habilitación, higiene y seguridad, pero lo llamativo es que la misma autoridad que los habilitó ahora vaya a suspenderlos, en el preciso momento en que la atención mediática recae en ellos.
