La discusión por la infraestructura escolar en Córdoba dejó de ser un debate legislativo para convertirse en un frente judicial con alto voltaje político. Legisladores de la oposición, encabezados por el bloque del Frente Cívico, denunciaron penalmente al ministro de Educación de la provincia, Horacio Ferreyra, por el presunto manejo irregular de casi 120 mil millones de pesos destinados a la reparación de escuelas que, según sostienen, “fueron obras que nunca fueron ejecutadas”.
La presentación fue realizada en Tribunales 2 por dirigentes del Frente Cívico encabezados por el presidente de bloque Walter Nostrala junto a los legisladores Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) y Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal Córdoba), en una jugada que combina denuncia institucional con posicionamiento político en un tema sensible como lo es el estado de las escuelas públicas en la provincia. La lista de firmantes en la denuncia la completan Daniel Juez, Viviana Martoccia y Nancy Almada, también del bloque juecista en la Unicameral.
De la Legislatura a la Justicia
El conflicto se venía gestando desde el lunes, cuando el Tribunal de Cuentas de Córdoba expuso ante legisladores un dato explosivo: se aprobaron más de 170 expedientes por un monto cercano a los 120 mil millones de pesos para obras de infraestructura escolar en la Capital de Córdoba, pero sorpresivamente los trabajos no se habrían ejecutado.
El presidente del organismo, Beltrán Corvalán, fue contundente: planteó la gravedad del tema por su impacto directo en la educación y cuestionó qué se hizo con esos fondos. En la misma línea, la vocal Fernanda Leiva respaldó la preocupación por la falta de concreción de obras.
Ese informe fue el disparador de la ofensiva judicial pero también política. El lunes, la oposición ya había anticipado que avanzaría con una denuncia penal, y este miércoles se concretó la presentación.
El eje de la denuncia
El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, sintetizó el planteo judicial para entender el eje de la denuncia: los fondos fueron autorizados, pero no se reflejan en las escuelas. Según sostuvo, padres, docentes y alumnos continúan enfrentando problemas estructurales graves: techos deteriorados, baños en mal estado, ventanas rotas y falta de calefacción.
“Lo que queremos es que la Justicia investigue qué pasó con ese dinero que indudablemente en las escuelas no está”, remarcó.
La infraestructura escolar es un terreno especialmente sensible para cualquier gobierno. No sólo impacta directamente en la calidad educativa, sino que tiene una fuerte visibilidad social.
El planteo de Nostrala va en esa dirección: “El problema de la educación no es sólo salarial o de calidad, también lo es la infraestructura edilicia”. La frase busca ampliar el foco y sumar un nuevo frente de cuestionamiento al gobierno provincial.
Otro dato relevante es la configuración política de la denuncia. No se trata de una movida aislada del juecismo, sino de una articulación más amplia. Esa confluencia no es casual: en un escenario fragmentado, las denuncias institucionales funcionan como puntos de encuentro para construir volumen político.
Pero la escena opositora no fue homogénea. Aunque dirigentes de la UCR participaron de la reunión donde el Tribunal de Cuentas expuso los datos —incluso con presencia de referentes como Alejandra Ferrero, Brenda Austin y Matías Gvozdenovich—, al momento de judicializar, el radicalismo eligió no avanzar.
En ese punto, comenzaron a circular especulaciones sobre si en la decisión primaba la postura de Rodrigo de Loredo, distanciado de Luis Juez y el Frente Cívico. Pero ante la consulta de Alfil, la respuesta fue clara: el radicalismo no quiere, por ahora, llevar el conflicto al terreno judicial.
La decisión no es casual. En el esquema radical, la estrategia pasa por sostener el cuestionamiento político sin escalar a una instancia en la Justicia. Una postura similar ya había sido tomada con la denuncia por el conflicto con Apross.
Una disputa política
La presentación contra Ferreyra no puede leerse sólo en clave judicial. Es, ante todo, un movimiento político en un año donde la agenda pública empieza a cargarse de definiciones.
La oposición encontró un tema concreto, visible y sensible para interpelar al gobierno de Martín Llaryora. Y lo hizo con datos que provienen de un organismo de control (que tiene mayoría juecista), lo que le da mayor peso institucional a la acusación.
Del otro lado, el oficialismo deberá decidir si responde con información técnica, con contraataques políticos o con una combinación de ambas estrategias. Por ahora, la causa recién comienza y será la Justicia la que determine si hubo irregularidades. Pero en el plano político, el efecto ya está en marcha.
La imagen de escuelas con problemas estructurales, contrastada con cifras millonarias aprobadas para su reparación, instala una narrativa de impacto en la opinión pública, que, más allá del resultado judicial, deja una pregunta sobre el destino de los fondos que resuena en la escena pública y que, por ahora, no tiene respuesta clara.
