Felipe Osman
A dos semanas de su debut, la Municipalidad ofreció un balance inicial del funcionamiento del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido. Según apuntó, los primeros datos muestran una “adopción sostenida por parte de los usuarios” y “una creciente utilización de las herramientas digitales dispuestas para el pago y la gestión del servicio”.
En el dossier compartido con los medios, la Municipalidad incluyó algunos datos relevantes, como la cantidad de cuadras alcanzadas por el sistema: 430 en el área central y 576 en el resto de la ciudad. Es decir que, si durante el debate de la ordenanza se hablaba de aproximadamente 400 cuadras sujetas a cobro (300 controladas por inspectores municipales y 100 por “naranjitas”), el nuevo sistema fue incluso más allá de duplicar los espacios arancelados.
Además, se informó que entre el 26 de mayo y el 4 de junio más de 15.000 vehículos habrían utilizado espacios alcanzados por el sistema a diario, con una duración promedio de 91 minutos. Pero estos números no dicen demasiado. En realidad, el municipio “olvidó” publicar el más relevante: ¿cuánto recaudó el sistema?
Multiplicando el promedio de estacionamientos diarios por la tarifa y la estadía promedio, el sistema estaría recaudando alrededor de 30 millones de pesos por día. 900 millones por mes. Falta, en su caso, saber qué proporción de ese número fue para las cooperativas y cuantos cooperativistas deben cobrar de cada una de ellas. Con esos datos, después de algunas semanas se podrá contar con precisiones sobre el costo del “servicio” y la rentabilidad de las cooperativas.
Mientras, el intendente ha resulto volver sobre sus pasos para poner paños fríos en algunos de los sectores que más profundos reclamos presentaron contra la novedad: desde el próximo miércoles comenzará a regir un esquema de beneficios y exenciones para usuarios de la zona extendida (no central). Los trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes y titulares de comercios podrán acceder a una bonificación del 75 por ciento sobre el valor de la tarifa en las inmediaciones de sus lugares de trabajo.
Además, como ya lo había adelantado Alfil, se incorporará una tolerancia de 30 minutos diarios sin cargo en áreas comerciales de la zona extendida, para favorecer la rotación vehicular sin afectar las compras de cercanía.
En resumidas cuentas, la Municipalidad ha resuelto replegarse a un esquema más modesto, reduciendo las expectativas recaudatorias. Aunque debe repararse en que, en rigor, los descuentos a trabajadores tendrán lugar sólo afuera del casco céntrico. Es decir, la municipalidad ofrecerá “bonificaciones” allí donde sólo percibe el 20 por ciento de lo recaudado (el resto va a las cooperativas), mas no en el área central, donde todo lo embolsado va a las arcas del Palacio 6 de Julio. Curioso, si se tiene en cuenta que todo el asunto surgió como una manera de organizar el estacionamiento sin “dejar afuera” a los naranjitas. En el camino, la ciudad encontró otra ventanilla para fondearse, que hoy parece priorizar.
Amén del rol que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, jugó en este asunto presionando para lograr una modificación al Código Provincial de Convivencia que prohibiera la actividad de los cuidacoches, puede decirse que Passerini corrige un error propio al modular el alcance del Estacionamiento Medido con estos reajustes, que correrán a partir del 10 de junio. Sin embargo, en otros frentes el intendente expía culpas compartidas.
Hablamos del proyecto girado por el Ejecutivo Municipal al Concejo para obtener la modificación de la ordenanza 7.244, Estatuto del Empleado Municipal, incorporando entre los deberes de los empleados la presentación semestral de certificados que acrediten su buena conducta y test narcóticos para detectar situaciones de consumo entre los agentes.
Es difícil sintetizar todas las razones por las cuales una norma de este estilo parece predestinada a naufragar. A título meramente enunciativo: los principios/garantías constitucionales de Reserva, Igualdad y No Discriminación, el consumo recreativo o medicinal, la reinserción laboral, y una sanción de cesantía supeditada a tantas condiciones que jamás ocurrirá.
Sin embargo, antes de llegar a ese análisis, conviene hacer otro, más esencial. El problema que expuso el ‘affaire Barrelier’ ¿se resuelve con modificaciones legislativas, o con control administrativo? Lo segundo parece imponerse. Sobre todo, porque apostar todas las fichas al cambio legislativo esquiva una responsabilidad capital: revisar hacia atrás.
El cambio legislativo puede o no existir. Es accesorio. Lo indispensable es repasar el inventario. Y hacerlo a la vista de los vecinos. Contarles a ellos cuántos becarios, contratados y monotributistas tiene la ciudad, cómo se llaman, cuándo entraron, en qué oficinas revistan, en base a qué criterios fueron elegidos para esos puestos y quién firmó las resoluciones/decretos que los designaron. Todo lo demás es política de efectos especiales.
En cualquier caso, y para ser justos, es falso que la responsabilidad se agote en Passerini. Lo excede en todas direcciones.
