Yanina Soria
Representantes del frente opositor legislativo formalizarán hoy por la mañana los pedidos de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzon por sus respectivos desempeños en el caso Barrelier.
Cuando todavía no se puede calibrar hasta dónde golpeará al poder político y judicial la trama que envuelve el femicidio de Agostina Vega, la oposición avanza con su ofensiva y prolonga la presión sobre el oficialismo.
Desde el momento en que el aberrante asesinato de la niña de 14 años que sacudió al país entero se convirtió en una crisis política para el cordobesismo, el arco no peronista se unió para sostener el debate público en torno a las responsabilidades institucionales y los fuertes cuestionamientos que recaen sobre el gobierno de Martín Llaryora. Pese a que el mayor costo, por ahora, lo absorbe la gestión municipal.
De hecho, la semana pasada el intendente Daniel Passerini salió a asumir públicamente la responsabilidad de que el femicida Claudio Barrelier haya sido sostenido como empleado municipal teniendo antecedentes y habiendo estado 20 días preso en Bouwer. El acusado ingresó a la función pública durante la gestión de Llaryora al frente del Palacio 6 de Julio.
Lo cierto es que, lejos de que las respuestas tomadas hasta acá por parte de la política oficialista en modo control de daño clausuren la discusión pública, los legisladores encuentran también en los pedidos de jury y de renuncia al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, una forma de controlar la agenda.
Mientras que para Hacemos Unidos hay una “política del carancheo”, para la oposición se trata de desnudar una trama de impunidad y connivencia entre el poder político y el judicial sobre un caso que pegó dura en la emocionalidad de la sociedad cordobesa.
Por eso, los bloques trabaron una especie de unidad legislativa que hizo que la UCR, Frente Cívico, Encuentro Vecinal, PRO, La Libertad Avanza, Valores Republicanos y Mejor Futuro avanzaran con los pedidos que formalizarán hoy ante la oficina de la presidenta del jurado de enjuiciamiento, la oficialista Julieta Rinaldi. En tanto el Frente de izquierda, ya había ingresado su pedido de juicio político junto a las integrantes de la asamblea Ni Una Menos, contra Garzón.
El primer paso de la jugada opositora fue la semana pasada cuando, en conferencia de prensa, se mostraron juntos para salir al cruce del peronismo, en una foto de unidad legislativa que, por ahora, no se traduce en un acuerdo político.
Tal como ya se consignó desde estas páginas, aunque todavía no tiene siquiera fecha de constitución la comisión de Jury (hay otros pedidos antes que los del caso Barrelier) desde el propio peronismo consideran que los fiscales que están bajo la lupa, se encuentran en situaciones distintas. Estando Rodríguez, quizá, más comprometido que Garzón, cuya tarea judicial está en pleno proceso de desarrollo.
Esa distinción hace presumir que, eventualmente, el oficialismo podría habilitar la discusión sobre la actuación del fiscal que liberó bajo fianza un año atrás al hoy femicida en una causa por supuesta privación ilegítima de la libertad contra otra joven, en la misma casa donde presumiblemente mató y descuartizó a Agostina Vega.
La oposición quería promover para esta semana una sesión especial, pero no la logró por lo que decidió postergarla para la próxima. Con lo cual este miércoles habrá sesión ordinaria donde, si bien no asoma en el temario ningún proyecto vinculado al tema, se descuenta que el debate será acalorado y estará cruzado por el caso Barrelier y sus derivaciones políticas. Frente a ello, el peronismo prepara respuestas que le recordarán a la oposición la cantidad de empleados ingresados bajo las gestiones juecistas y mestristas, y le revolearán el reciente allanamiento al radical Marcos Carasso, excandidato a vicegobernador de Luis Juez, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la prestación de servicios para afiliados del Pami por un monto aproximado a los 1.400 millones de pesos.
