Por Javier Boher

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Se sabe que la política se hace con plata. Lo saben los partidos de izquierda que manejan fotocopiadoras en las universidades, lo saben los gobiernos que le cobran la cuota a sus empleados y lo saben los opositores que van a buscar sponsoreo en los privados enojados con el gobierno. Todos necesitan plata, porque es el lubricante del poder político.

Entre la semana pasada y esta hemos visto un par de situaciones que nos sirven como una pequeña muestra de lo que significa el costo político de ese amplio concepto de “la casta”. Desde aquí he defendido a los políticos profesionales, pero siempre trato de ser inflexible con los delincuentes. Una cosa es disponer con cierta laxitud de fondos públicos y otra es el robo o la estafa lisa y llana.

El primero de estos casos fue noticia la semana pasada, aunque lamentablemente no llegó a escándalo. Como a nadie le sorprenden ya esos manejos, la cosa se fue diluyendo con el correr de los días, a pesar de que algunos periodistas tratan de mantener el caso a flote, explorando hasta dónde y hasta quiénes llega la movida.

“Chocolate” Rigau es un puntero bonaerense al que por accidente engancharon sacando plata con las tarjetas de débito de 48 personas que figuran como empleadas de la legislatura bonaerense con sueldos de más de medio millón de pesos. Todo se originó en una denuncia que hizo alguien a quien le resultó sospechoso que permaneciera 20 minutos dentro del recinto.

Aunque al principio la justicia trató de desactivar el caso, la presión política consiguió que no prospere la postura de los jueces que desestimaron la actuación de la fiscal, por lo que la investigación sobre lo ocurrido continuará su curso. Se estima que hay alrededor de 6.000 empleados truchos en las mismas condiciones que esos 48 del caso, contando incluso con algunos que estarían muertos.

Cada diputado bonaerense cuesta $392 millones por año; cada senador cuesta $543 millones por año. Ayer se conoció el índice de pobreza medido por el Indec para el primer semestre y en el conurbano la pobreza alcanza al 47% de la población, un dto muy llamativo si se piensa la calidad que deben tener los legisladores que cuestan, por cabeza, entre 32 y 45 millones por mes a los contribuyentes de la provincia.

El segundo caso fue el de Silvina Batakis, la fugaz ministra que ocupó el cargo entre la renuncia de Martín Guzmán y la llegada de Sergio Massa, a la que premiaron con un cargo en el Banco Nación. Desde ese lugar propició la contratación de familiares y amigos, con sueldos desde los $700.000 hasta los nueve millones de pesos.

Hasta se encargó de contratar el curso de coach de una numeróloga mediática, que seguramente iría a tirar las cartas (y que si hubiese sido nombrada por un hombre las malas lenguas dirían que también otras cosas). Cuando la veían triste por el reemplazo todos se lamentaban por la griega, aunque la verdadera tragedia fue dejarle echarle mano a plata pública.

El tercer caso fue publicado por el medio El Disenso, en el que asegura que la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (que maneja un presupuesto de casi 8.000 millones de pesos) en realidad no es médica, sino que apenas si habría terminado el secundario.

Aunque es un avance respecto a un Sabbatella que no había alcanzado tan complicado logro, el problema es que la señora María Valeria Isla Blum se presenta a sí misma como doctora o permite que se la presente de ese modo. No estamos hablando de un caso como el de los abogados, que les gusta ese trato pero sin los estudios de posgrado. Acá estamos hablando de alguien que ni siquiera terminó una carrera universitaria, pero que maneja el gran presupuesto de un área sensible.

Está claro que la política sin plata no pasa de una charla de bar, pero de ahí a estos niveles de corrupción hay un abismo. Si todas las cajas son para beneficiar a la casta, que después no se pregunten por qué la gente está enojada con los políticos.
 
 
 
 
 
 
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