Redacción Alfil
Desde enero había estado recurriendo a la Fiscalía, presentando pruebas, testimonios de colegas y registros de video. Su apuntamiento era preciso: el fiscal René Bosio como centro de una trama que involucraba magistrados, abogados de renombre y funcionarios con poder político. “Se trata de corrupción dentro del Poder Judicial de Villa María”, fue su definición central.
La investigación de esa denuncia pasó a manos de la fiscal Juliana Companys. Pero la propia Companys acabaría imputada por Río Segundo (falsedad ideológica, abuso de autoridad, coacción) acusada de presionar a una testigo en un caso sobre desaparición.
Esta semana, el ciclo se cerró de manera que pocos anticiparon. Teodora Perassi fue detenida junto al abogado Adrián Brochero, ambos imputados por prevaricato y coacción. Allanamientos simultáneos en domicilios de profesionales locales precedieron las capturas por orden de la Fiscalía de Río Segundo.
Horas antes de su aprehensión, Perassi cuestionó públicamente el avance de la causa. Sostuvo que se configura un “armado” contra ella y su estudio jurídico, diseñado para desarticular sus presentaciones iniciales sobre corrupción. Mencionó a un detenido por abuso sexual a quien, según su versión, le habrían ofrecido libertad a cambio de declarar en su contra.
Aseguró poseer audios, mensajes y documentación que respaldan esa hipótesis, y remarcó haber alertado sobre esto antes de los allanamientos.
Lo que comenzó como acusación frontal contra el sistema judicial terminó transformando a su impulsora en acusada. Los Tribunales de Villa María siguen mirándose a sí mismos, pero desde una perspectiva radicalmente invertida, en un escenario donde investigadores, imputados y denunciantes intercambian roles.
