El conflicto judicial cordobés escaló esta semana con un nuevo paro de 60 horas y, en ese contexto, el Colegio de Abogados de Villa María se convirtió en una de las pocas voces (sino la única) dentro de los once colegios de la provincia en salir a marcar posición pública. Su presidenta, Itatí Demarchi Arballo, fue contundente: “La sociedad no puede ser rehén del conflicto judicial. La sociedad no recurre a la justicia por placer, por lo tanto, no puede ser más rehén de este proceso y de esta situación”. La definición no es menor: mientras el resto de las entidades profesionales de la provincia opta por el silencio o la cautela, Villa María marca la cancha y pone el foco en la necesidad de una resolución rápida para el conjunto de la ciudadanía cordobesa.
Demarchi Arballo remarcó que la salida depende de todas las partes involucradas y pidió que la resolución no se demore más: "Necesitamos que el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo lleguen a un acuerdo definitivo y, fundamentalmente, necesitamos que sea urgente”. Lejos de un planteo confrontativo, la titular del Colegio insistió en el rol constructivo que la entidad viene sosteniendo desde hace meses: recordó que ofreció mediar entre las partes en reiteradas oportunidades, sin éxito hasta el momento, y remarcó que la abogacía villamariense no puede seguir absorbiendo el desgaste de un conflicto que no le pertenece: “La abogacía es la representación de la ciudadanía [...] los abogados y las abogadas somos la cara visible y tenemos que dar explicaciones a la ciudadanía que hoy continúa siendo rehén de la paralización del Servicio de Justicia”.
Además, puso el foco en la situación local, donde el conflicto de credibilidad judicial tuvo capítulos propios: “Villa María, inclusive, se encontró en una situación muy especial en relación a una de las ramas más sensibles de la comunidad, que es la rama penal, y las situaciones de público conocimiento respecto a dos de las tres fiscalías del Ministerio Público Fiscal de Villa María”. Según explicó, el Colegio ya elevó el pedido formal a la Fiscalía General y al Ministerio Público Fiscal para que la falta de credibilidad de la Justicia no termine salpicando a una abogacía que, insistió, es la que acompaña día a día a la ciudadanía.
La Asociación de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) resolvió un paro total de actividades por 60 horas, con asambleas y abandono de tareas desde el pasado miércoles al mediodía y continuidad hasta hoy. Desde la delegación Villa María del gremio, se explicó que la medida tuvo una asamblea y una movilización, para luego pasar al paro efectivo durante las 48 horas siguientes. El sector lleva más de 20 jornadas de paro en lo que va del año, en el marco de un reclamo histórico que busca equiparar los salarios de la Justicia provincial con los de la Justicia Federal, un pedido que arrastra desde 2013.
Desde el sector gremial, en tanto, la lectura del conflicto suma matices: referentes judiciales locales sostienen que la prestación del servicio de justicia no se interrumpe, ya que queda garantizada por magistrados y funcionarios, y que la discusión de fondo debería poner el acento en el respaldo a los empleados judiciales, que sostienen buena parte de la tarea diaria en los tribunales. Ese contrapunto muestra que, más allá del reclamo compartido de una salida definitiva, conviven distintas miradas puertas adentro del propio ámbito judicial sobre cómo llegar a ella.
