Bettina Marengo
El Consejo de la Magistratura fijaría hoy la fecha en que se realizará el examen de los aspirantes al cargo de juez o jueza electoral de la Provincia. Las versiones indican que el organismo se reuniría este martes para establecer que la prueba de oposición será en dos semanas, empezando a delinear el camino que llevará al reemplazo de Marta Vidal, la magistrada que se jubiló luego de 28 años a la cabeza del único juzgado que tiene por jurisdicción a toda la provincia. Esa característica la comparte sólo con el Tribunal Superior de Justicia.
El examen vale 40 puntos, es sobre un caso real sobre algún incidente electoral de un municipio o a nivel provincial, al que le quitan el fallo final, y dura seis horas. También vale 40 puntos la entrevista que los postulantes que aprueben la prueba deben realizar ante el pleno de Consejo que preside la vocal del TSJ María Marta Cáceres de Bollati y que tiene entre sus integrantes al ministro de Justicia, Julián López, y al legislador oficialista Facundo Torres.
La entrevista es el gran interrogante de los concursantes por la eventual discrecionalidad del trámite y porque tiene carácter de dirimente. Es decir, tiene mucho peso y puede definir el orden de mérito final. En el juecismo, por ejemplo, aseguran que ningún abogado vinculado al Frente Cívico se presentó al concurso porque no quieren “quemar” a profesionales. Los antecedentes o curriculum vitae aporta hasta 20 puntos.
El cargo es muy sensible porque no solo interviene en las elecciones de gobernador, vice, legisladores y tribunos de cuentas de la provincia, sino también en los comicios de cada uno de los 427 municipios y comunas de Córdoba. Aunque Vidal hace un tiempo que está en situación de jubilación, el gobierno de Córdoba esperó hasta este año para impulsar el cambio, en vísperas de lo que serán quizá las elecciones más difíciles para el PJ provincial.
Entre los 53 abogados y abogadas inscriptos para el concurso, hay varios nombres que los especialistas y observadores políticos miran con atención. Uno es Guillermo Arias, actual secretario legislativo de la Legislatura provincial. De origen peronista línea “tradicional”, cuenta con muy concepto del mundillo y es abogado de consulta de dirigentes de distintos palos y por supuesto del llaryorismo. Otro es el radical Diego Frossasco, que si bien fue funcionario de Ramón Mestre en la Intendencia, recibió el beneplácito de Rodrigo de Loredo, lo cual le aseguraría el apoyo radical si su pliego llega a la Unicameral. No son los únicos, pero sí dos de los más mencionados por sus posibilidades.
Como este diario informó en exclusiva, se anotaron varios dirigentes cercanos a Llaryora para probar suerte: el secretario de Gobierno de la Provincia, Augusto Pastore, oriundo del departamento San Justo y segundo del ministro Manuel Calvo, y el abogado Esteban Lencioni, que se desempeña en la Sala de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Córdoba. Hay muchos más, como se dijo arriba, pero medio en broma, medio en serio, algunos agradecen que no se haya inscripto en el concurso el relator de la Sala Electoral del TSJ, José Pérez Corti, “porque dejaba a muchos sin chance”.
El Ejecutivo enviará a la Legislatura el pliego del candidato que, tras antecedentes, examen y entrevista, quede primero en orden de mérito. En esa instancia empiezan otras preguntas, relativas a si el gobierno de Llaryora prefiere a uno propio en tan delicado lugar, o si entiende que es mejor abrir el juego y dar paso a un representante de otro espacio político para dar una señal “republicana”. En la Legislatura alcanza la mayoría simple para refrendar el pliego enviado por el Ejecutivo, de modo que la clave va a estar en qué tipo de apoyo quiera o necesite sumar el oficialismo por fuera del bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba.. Por caso, Jésica Valentini, la vocal del TSJ que impulsó Llaryora, no tuvo consenso opositor para su ingreso al máximo tribunal provincial: no la votaron ni el Frente Cívico ni la UCR, y hubo varias abstenciones. El nuevo fiscal general, Carlos Lezcano, contó con votos juecistas pero no radicales ni de otros opositores. Para el juez electoral, la gran pregunta es cómo buscará blindar el Panal la pieza clave de las elecciones provinciales y cómo hará jugar tan importante cargo en las negociaciones de cara al escenario electoral 2027.
