Redacción AlfilRedacción Alfil
La iniciativa propone que la semana de actividades se realice cada año durante la tercera semana de agosto, en coincidencia con el Día de las Infancias, y que sea coordinada por el Ministerio de Educación junto a municipios, comunas, organizaciones civiles e instituciones educativas públicas y privadas.
El proyecto pone el foco en el avance de las apuestas online y los juegos digitales en adolescentes, una problemática que, según los fundamentos de la propuesta, ya genera consecuencias emocionales, sociales y económicas en edades cada vez más tempranas.
Entre las acciones previstas se incluyen jornadas, seminarios, campañas de concientización y actividades educativas destinadas principalmente a estudiantes de nivel inicial, medio y terciario, además de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
En los fundamentos del proyecto se advierte sobre el impacto que la ludopatía online tiene en la salud mental y el desarrollo integral de niños y adolescentes. Allí se citan informes de UNICEF, CONICET y organismos internacionales que alertan sobre el aumento sostenido del acceso de menores a plataformas de apuestas digitales.
Según los datos incorporados en la iniciativa, casi el 80% de los adolescentes conoce o participó alguna vez en apuestas online y el ingreso a estas plataformas ocurre, en promedio, desde los 13 años. Además, el celular aparece como el principal medio de acceso y las billeteras virtuales facilitan eludir controles parentales.
El texto también cuestiona la legalización del juego online en Córdoba y plantea que el Estado debe asumir un rol “activo y decisivo” frente a una problemática que consideran en expansión.
“La ludopatía infantil no es un juego, es un arma letal en manos de los niños”, sostienen los fundamentos del proyecto, que además recuperan advertencias realizadas por especialistas, organizaciones sociales e incluso por el Papa Francisco sobre el crecimiento de las apuestas digitales en jóvenes.
La propuesta legislativa establece además que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma dentro de los 90 días posteriores a su promulgación.
