Felipe Osman
Fernando Enrique Cardozo, dos veces presidente de Brasil, solía decir que gobernar era “explicar, explicar, y explicar”. Y un Adorni basta de muestra para comprobar que tenía razón.
Es probable que esta noción fuera parte del razonamiento del gobernador cuando, a fines del año pasado, decidió comprimir su gabinete y ubicar en carteras tan estratégicas como Salud y Educación, bajo una primera línea de técnicos, a funcionarias capaces de dotar de política a la gestión. De “explicar, explicar, y explicar”.
Retrocedamos. Javier Milei tuvo un gran acierto político: no sólo consiguió hacer del ajuste -figurado en la motosierra- el eje de su campaña; también obró la asombrosa alquimia de ajustar y hacer pasibles del costo político asociado a ese ajuste a gobernadores e intendentes. A “la casta”, que en la verdad libertaria ocupa todos los espacios de poder, a excepción del Gobierno Nacional.
Consiguió crear la ilusión de que sus ajustes no tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de las universidades, los centros de investigaciones, el calendario de vacunación, los programas de discapacidad, el sistema sanitario, o la obra pública.
Pero ese relato empieza a entrar en tensión. Las inversiones no llegan, y sin ellas tampoco llega la reactivación económica, que se concentra en apenas algunas categorías específicas sin llegar a las cadenas productivas con incidencia directa en la vida de la mayoría de los argentinos. Los beneficios de la estabilización no se concretan, y la inflación está lejos de ser un problema resuelto.
En la visión del Centro Cívico, se presenta la oportunidad de empezar a desmantelar aquel relato libertario de un ajuste sin “víctimas”, de buscar un cambio de dinámica a partir del cual la Casa Rosada empiece a participar, también, de los costos políticos del ajuste. Pero para hacerlo se hacen necesarios cuadros políticos con dominio del discurso, destreza en el juego mediático y vocación de dar la propia batalla cultural. Aquella que el llaryorismo tanto necesita en épocas de vacas flacas.
Llegado el caso, la gestión, como único argumento electoral, demanda ingentes cantidades de recursos, y hoy los recursos no abundan. Lo que no se pueda hacer, se tiene que decir.
Desde su llegada a la secretaría general de Salud y Desarrollo Humano, Montero ha salido a poner blanco sobre negro en temas nucleares de la gestión sanitaria y social, con críticas concretas al gobierno nacional. Ha reprochado la falta del cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, la falta de distribución de vacunas que debe aportar la nación, el desfinanciamiento del PAMI, la sobrecarga del sistema de salud provincial, el aumento de la demanda en el PAICOR y, más recientemente, hasta ha llegado a denunciar un “genocidio sanitario”.
Ninguno de estos reclamos ha sido una lisa y llana imputación a la Casa Rosada. Cada uno de ellos ha venido acompañado de números. De estadísticas y detenidas descripciones de las consecuencias que arrastra cada capítulo del ajuste, cada repliegue del Estado Nacional. Explicar, explicar, y explicar.
Montero emerge como una de las defensoras y explicadoras del gobierno de Llaryora. Pero otras (y otros) seguirán.
