Llaryora y Passerini endurecen para exponer a Milei

El cordobesismo empezó a marcar una estrategia que hasta hace algunos meses transitaba con mayor cautela. Tanto el gobernador Martín Llaryora como Daniel Passerini empezaron a despegarse del Gobierno nacional, mostrarse como el espacio que sostiene el funcionamiento del Estado en medio del ajuste libertario que empezó a profundizarse en el interior, apuntando especialmente al recorte de recursos nacionales y al corrimiento del Estado nacional en áreas sensibles como salud, transporte, discapacidad, asistencia social y obras.

En un escenario donde los gobernadores y los intendentes empiezan a coordinar reclamos por fondos retenidos por Nación, el oficialismo cordobés busca instalar una idea concreta y tangible: mientras la Casa Rosada ajusta, Córdoba sostiene y no suelta la mano.

El planteo apareció con fuerza en Villa María, donde Llaryora inauguró una escuela policial y un centro de salud mental, aunque la agenda institucional quedó rápidamente atravesada por un discurso político mucho más profundo. El gobernador habló de “abandono”, cuestionó el retiro del Estado nacional y aseguró que la Provincia funciona como un “búfer de contención” para evitar que “la crueldad” del ajuste impacte de lleno en los vecinos.

“Nos negamos a dejar solos a los cordobeses”, remarcó Llaryora en una frase que empieza a transformarse en línea discursiva. Allí enumeró los frentes donde Córdoba debió salir a cubrir vacíos nacionales: transporte interurbano, medicamentos, discapacidad, universidades y atención sanitaria.

Al mismo tiempo hay un punto que se repite como mantra y tiene que ver con el caso Marcos Juárez en donde en septiembre habrán elecciones, ciudad que se transformó en un símbolo político para este año.

El gobernador volvió a mencionar el caso de los jubilados afectados por el cierre de prestaciones del PAMI y remarcó que la Provincia debió ampliar hospitales, contratar médicos y reorganizar derivaciones para contener la crisis.

Mientras la Nación aparece asociada al recorte, la Provincia intenta mostrarse como garante de servicios básicos. El mensaje no apunta únicamente a la coyuntura económica; también tiene lectura electoral.

El endurecimiento discursivo no quedó solamente en el discurso provincial. Passerini también comenzó a exhibir un perfil más nacional y federal, articulando con intendentes de distintas provincias frente al ajuste de la Casa Rosada.

En Rosario, durante la conformación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), el intendente capitalino firmó un documento contra la administración libertaria. Allí los jefes comunales acusaron al Gobierno nacional de financiar el equilibrio fiscal “con el despojo a provincias y municipios” y reclamaron por la retención de fondos destinados al transporte, educación y discapacidad.

“No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar”, plantearon los intendentes en uno de los párrafos más duros del documento.

La declaración también apuntó contra la concentración de recursos nacionales y exigió la redistribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. Según detallaron, durante el primer cuatrimestre de 2026 el Gobierno nacional acumuló fuertes incrementos en esa recaudación sin transferir fondos al interior para transporte ni mantenimiento de rutas.

En el Centro Cívico observan que el conflicto entre Nación y las provincias ya dejó de ser exclusivamente fiscal. Entienden que empieza a convertirse en una discusión política sobre quién sostiene efectivamente el funcionamiento cotidiano del Estado.

En esa construcción, el mensaje empieza a repetirse con precisión, y Córdoba decide que no va a dejar de prestar servicios aunque Nación se retire.