Redacción AlfilRedacción Alfil
La iniciativa se fundamenta en la gravedad institucional derivada del femicidio de Agostina Madeleine Vega, cuya autoría se atribuye a Claudio Barrelier, quien había sido imputado en 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia en una causa tramitada por la Fiscalía a cargo de Rodríguez, y posteriormente recuperó la libertad.
Según plantea el proyecto, esta situación generó pedidos de Jury de enjuiciamiento contra el funcionario judicial y abre interrogantes respecto de su idoneidad ética y moral para desempeñar un cargo cuya función principal estará vinculada a la protección de derechos humanos.
Desde el Frente Cívico recordaron además que el bloque rechazó tanto la creación de la Procuración Penitenciaria como los pliegos remitidos para cubrir sus cargos, cuestionando el mecanismo de designación y alertando sobre posibles afectaciones a la independencia judicial y al equilibrio entre poderes.
“La función pública exige no solo idoneidad técnica sino también independencia, conducta ética y ausencia de reproches sobre el desempeño”, sostiene la iniciativa legislativa.
El proyecto considera que, ante el contexto actual y mientras persisten cuestionamientos institucionales sobre la actuación del fiscal, resulta “prudente, razonable e imprescindible” postergar la jura prevista para el cargo de Procurador Penitenciario Adjunto.
La resolución solicita el acompañamiento de los distintos bloques legislativos para elevar el planteo al máximo órgano judicial de la provincia.
