Javier Boher
Dentro de los sistemas electorales hay dos grandes grupos, los mayoritarios y los proporcionales, que reconocemos fácilmente porque en los primeros gana el que sale primero y en los segundos se reparten los cargos entre varios partidos. Hay diferencias y matices, pero en Argentina en general usamos los mayoritarios para los cargos ejecutivos y los proporcionales para los legislativos.
Hace dos años el gobierno nacional propuso una reforma electoral para eliminar la representación proporcional en la elección de diputados y pasar a los distritos uninominales, sistema en el que hay un único ganador. Estos modelos son los que se llama “de cercanía”, porque se entiende que hay (o puede haber) una relación cara a cara entre el votante y su representante.
Siempre defendí ese sistema basándome en ese principio tan valorable. El problema es que es propio de la evolución política de ciertas sociedades (como algunas europeas o la norteamericana) y muy ajeno a nuestra realidad. No hay mejor argumento en contra de este sistema que la banca que ocupaba Ramón “cañito” Flores.
El legislador por Río Seco llegó a su banca con casi 3.600 votos. En el tramo a legisladores por distrito único todos los partidos superaron esa marca, algunos varias veces. Villa El Libertador multiplica por 10 ese número y no tiene un representante exclusivo. Si dividiéramos el total de votos en 26, siguiendo la lógica de los departamentos, cada legislador uninominal debería estar en distritos de 80.000 votos.
El arco noroeste de la provincia sumó casi 125.000 votos en 10 departamentos, de los cuales el peronismo ganó 7 en una elección atípica. La distribución total de votos mano a mano entre el peronismo y la oposición en esa zona fue de 51% a 49%, un empate que terminó 2 a 1 al repartir las bancas.
Entiendo que el peronismo no lo quiera aceptar, pero el efecto concreto de la adopción del sistema unicameral fue un aumento del poder de este tipo de dirigentes, los que a su vez consolidaron la hegemonía justicialista en el norte provincial.
Ayer llegó a los medios un audio de uno de los contratados de la Legislatura que está preso en el escándalo de abuso sexual y grooming. En el mismo se vanagloria de comer “ternerita” en época de elecciones porque puede aprovechar la dádiva para su satisfacción sexual. Entiendo que a algunas personas les guste decir que todos los varones somos igual de machistas y potenciales abusadores, pero la evidencia empírica dice que no somos todos, aunque la mayoría pertenece a un espacio político que los usa para sostener su proyecto de poder.
El caso de Río Seco no es un hecho aislado, sino un modelo de construcción política basado en aprovecharse de la gente pobre. Los partidos políticos han perdido su capacidad de movilizar en torno a ideas y recurren a este tipo de delincuentes para sostener sus redes en el territorio. La microfragmentación del poder hace que los poderes centrales deban confiar en estos liderazgos locales -muchas veces construidos alrededor de la fuerza y la impunidad- para hacer llegar las políticas públicas y cosechar votos en época de elecciones.
Hace un tiempo escuchaba a un prestigioso politólogo peronista hablar sobre el gobierno de Milei y que es como un queso Gruyere. Está lleno de huecos porque se desentiende de ciertos aspectos de la gestión, de allí que sea fácilmente infiltrable por fuerzas ajenas a su proyecto político.
Es increíble que sean capaces de decir eso de un gobierno que llegó hace tres años y sin un partido, pero que no puedan reconocer que incluso al súper hegemónico peronismo de los 27 años en el poder le terminan pasando las mismas cosas. Es el diseño que eligió -y sigue replicando- la política.
Lamentablemente, los anuncios sobre el endurecimiento de los controles a los contratados no resuelven el problema de fondo. ¿Cuánto le puede costar a estos poderes territoriales conseguir nombres prestados para poder desviar el pago a los mismos de ahora? En el mismo escándalo se habló de los pagos de la legislatura al hotel de Flores, donde tranquilamente podría emplear a estos malandras para pagarles con la misma plata de los cordobeses.
La justificación de aprobar una legislatura unicameral era reducir el gasto, algo que hoy no se observa. El legislativo cordobés gasta más que antes porque debe pagar por todas estas pymes políticas para asegurarle el control territorial al partido de gobierno.
Es difícil arriesgar una solución para esto, porque la respuesta teórica de que un modelo de cercanía permite un mayor control queda invalidada por una realidad de prácticas feudales en las que se evidencia la asimetría entre los representantes del poder y ciudadanos que parecen súbditos. Quizás hay que pensar en reformar la forma que tienen los distritos uninominales o en aumentar el peso de las bancas de distrito único. Igual, toda reforma será insuficiente mientras la gente siga votando a gente poco apta para ejercer cargos públicos, independientemente del apoyo que reciban desde el poder central.
