Julieta Fernandez
El eje Discapacidad sigue formando parte de la agenda legislativa y de “pases de factura” entre el oficialismo y la primera minoría. Ayer, en el marco de la comisión de Derechos Humanos, se abordaron proyectos vinculados a la temática y el Ejecutivo (con la presencia del secretario de Desarrollo Comunitario, Gregorio Oberti y la subsecretaria de Discapacidad, Georgina Loser) expuso las distintas acciones que lleva a cabo el Municipio en esta materia. Aunque el encuentro se llevó en buenos términos, hubo momentos en los que el oficialismo consideró que la primera minoría “intentó igualar las responsabilidades entre el Municipio y Nación”.
No es la primera vez que el bloque Primero Río Cuarto apura al oficialismo en este sentido: reiteraron que, por ordenanza, el Ejecutivo debiera llevar a cabo un censo por discapacidad e incluso pidieron acompañamiento a la Defensoría del Pueblo para fortalecer este pedido. Ayer, los funcionarios respondieron que, en este momento, no sería factible -en términos de recursos- realizar un censo de determinadas características pero que el Municipio avanzará en distintos relevamientos.
En diálogo con LV16, Oberti reconoció que “hay una deuda respecto al censo pero por una cuestión económica. Realizar un censo así requiere un despliegue y logística que hoy, en la situación que estamos, es difícil llevar a cabo. Pero ahora estamos trabajando en relevamientos, haciendo un cruce de información con las organizaciones que trabajan sobre este tema, la Junta de Discapacidad (perteneciente al gobierno provincial) y los dispensarios”.
Por otra parte, la primera minoría también había solicitado la creación de una nueva Junta Evaluadora de Discapacidad para agilizar los trámites vinculados al CUD (Certificado Único de Discapacidad) a partir de las demoras registradas en la obtención de turnos de evaluación o renovación de dicho certificado.
En cuanto a este último punto, el Ejecutivo argumentó que las demoras y acumulación de gente en las distintas dependencias para pedir el CUD responde directamente a que “si no renovaban la documentación, se les caía la pensión”, en alusión al endurecimiento de los requisitos por parte del gobierno nacional. El oficialismo aseguró haber trasladado la preocupación al gobierno provincial para agilizar los turnos y afirmaron que el Municipio “está implementando mecanismos de acompañamiento para las personas con discapacidad y sus familias”.
Otro aspecto abordado en el encuentro fue un proyecto presentado por La Fuerza del Imperio del Sur que planteó la creación de un fondo para las instituciones que trabajan con discapacidad. Los funcionarios municipales respondieron que no sería necesario ya que, recientemente, la Provincia creó un fondo destinado a ese propósito y que incluye a distintas instituciones de Río Cuarto.
Según pudo saber Alfil, en la comisión no hubo grandes cuestionamientos en relación al presupuesto que maneja el área. No obstante, desde el oficialismo plantearon a este medio que el área de Discapacidad “ha sido ponderada” desde los últimos cambios en el gabinete (antes estaba dentro de la subsecretaría de Género y Diversidad) y que el propio intendente De Rivas manifestó, tras dichos cambios, que la secretaría de Desarrollo Comunitario se vería reforzada en cuanto a su presupuesto a partir de las demandas que debe afrontar el Municipio.
Con la participación de 113 agentes de localidades del sur cordobés, se puso en marcha en el Centro Cívico de la ciudad la cuarta cohorte del Diplomado en Seguridad y Convivencia, una capacitación dictada por la Universidad Nacional de Villa María y requerida para el desempeño de funciones en las Guardias Locales Preventivas.
Del total de participantes, 24 pertenecen a la ciudad de Río Cuarto, mientras que el resto proviene de municipios y comunas de los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y General Roca. La formación aborda contenidos vinculados a políticas locales de seguridad, prevención situacional y marco normativo, y forma parte de la estrategia provincial para la profesionalización de las guardias locales, que actúan como auxiliares de la Policía de Córdoba en el marco de la Ley de Seguridad Pública N.º 10.954.
Durante el acto, el intendente Guillermo de Rivas sostuvo que los gobiernos locales deben involucrarse en las políticas de seguridad y destacó el rol territorial de los agentes. "Quien está en el territorio son cada uno de ustedes, los agentes; en ese vínculo con el vecino, en esa escucha activa.", comentó. "No es solo mirar, sino también receptar y generar confianza en nuestra comunidad.", resaltó De Rivas y agregó: "Sinceramente, el enorme valor humano que tiene cada uno de los agentes de la Guardia Urbana nos llena de orgullo."
Por su parte, el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana de la Provincia, José Gualdoni, señaló que actualmente son 230 los municipios y comunas cordobesas que cuentan con guardias locales equipadas y capacitadas. "Río Cuarto es un modelo de lo que queremos para las guardias locales.", destacó el funcionario y agregó que "lo que ha hecho Río Cuarto, la ciudad más importante del interior de la provincia de Córdoba, se está replicando en todo el territorio provincial."
En tanto, el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana de Río Cuarto, Rafael Filippa, recordó que la aprobación del diplomado es un requisito obligatorio para integrar las guardias locales y remarcó la importancia de la actualización permanente de los conocimientos. El programa provincial contempla además asistencia técnica para los municipios, incorporación de equipamiento, vehículos y herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer las tareas de prevención y convivencia ciudadana.
