Por María Rosa Marcone (*)

Una vez más el TSJ ratificó, de acuerdo con la Convención del Niño y con jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, que los menores de 16 años, que son inimputables, no pueden quedar detenidos en el Complejo Esperanza.

Y una vez más esta decisión, que celebramos y acompañamos, nos obliga a poner nuestra mirada en el qué hacer, en el cómo brindar a estos adolescentes en conflicto con la ley penal las herramientas necesarias y suficientes para insertarse en la sociedad. Para que su historia no sea de exclusión sino de realización de derechos.

Desde el año 2022, legisladoras de casi todos los bloques de la oposición tomamos la iniciativa de visitar residencias de la Senaf, porque recibíamos insistentes y graves denuncias de vulneración reiterada de derechos de los niños, niñas y adolescentes que están a cargo de la Senaf, víctimas de una desidia institucional que no es más que una forma evidente de maltrato infantil por parte del Estado.

En una primera ronda de visitas el personal a cargo nos permitió entrar, pero a los pocos minutos recibieron la orden de la superioridad de “invitarnos a que nos retiremos” o sea, echarnos. Pedimos, y nos concedieron, audiencia con las autoridades desde la licenciada Tavella hasta la Ministra de Justicia. Logramos acordar un protocolo de visitas que se fueron realizando en los últimos meses del año pasado y los primeros del corriente.

Como resultado del contacto con la realidad de los NNyA alojados en residencias, emitimos un documento, “La realidad de la niñez en Córdoba”, con diagnóstico y propuestas sobre 7 (siete) problemas que consideramos centrales para revertir el desamparo en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes “amparados” por el gobierno de la provincia de Córdoba. Nunca llegó ni un acuse de recibo de este documento que pretendía ser la base de un trabajo conjunto para mejorar las condiciones de vida de la niñez vulnerada.

Hace unos días reiniciamos nuestras visitas y ¡oh sorpresa! nuevamente se nos cerraron las puertas “por órdenes expresas de la Lic. Gioconda Carbajal”.

¿Cuáles pueden ser las razones para este ukase de la funcionaria, en contra de lo expresamente acordado en instancias superiores? ¿Que no constatáramos que en una casa, de un total aproximado de 20 residentes, hay al menos 4 que no están escolarizados y manifiestan que hace más de un año que no asisten a la escuela?¿Que no comprobáramos las secuelas de una revuelta por la que un grupo quiso mostrar su oposición contra la autoridad, utilizando para ello la protesta, la desobediencia y la violencia?¿Que viéramos a esos adolescentes que tienen derecho a vivir en un ambiente libre de humo fumando en el patio de la residencia ante una socioeducadora literalmente cruzada de brazos?¿Que no fuéramos testigos de la llegada de un móvil policial alertado por el “retiro sin autorización” (eufemismo que se usa para designar la fuga) de un residente?¿Que pudiéramos comprobar si hay algo de verdad en las increíbles denuncias de que en ocasiones se administran sedantes a “niños difíciles”?

Leemos en Perfil declaraciones de la titular de la Senaf: “Actualmente hay 16 residencias del Estado provincial donde viven niñas, niños y adolescentes y en algunas de ellas viven jóvenes que cometieron delitos junto a otros que no cometieron delito. No es un régimen de encierro. El objetivo es que logren reinsertarse en la sociedad.” (...) “Trabajamos con los jóvenes, en el territorio, para que vuelvan a la escuela, hagan deportes, se integren a la vida social, (...)”

Si son reales sus palabras ¿qué dificultad puede haber en que lo compruebe un grupo de legisladoras preocupadas y ocupadas en los temas de niñez? ¿O será que son solo un relato fantasioso y la realidad sigue estando lejos de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el cumplimiento efectivo de sus derechos en procura de su desarrollo integral?

Celebramos que los menores en conflicto con la ley penal no estén en contextos de encierro.

Lamentamos que tanto en los casos de menores en conflicto con la ley penal como aquellos sobre los que se ha dictado una medida excepcional vivan en residencias “aguantando” la indiferencia estatal, con la consiguiente vulneración de los derechos ahora por parte del estado que no protege, no previene y solo declama una pretensión que finalmente no logra garantizar, y que no podemos saber si al menos lo intenta.

 

(*) Lic. María Rosa Marcone

Legisladora provincial, en uso de licencia.