Felipe Osman
Después de meses de poco y nada, el Concejo Deliberante dejó la térmica arriba en la sesión del último jueves, y la oposición se organiza para ver qué flanco trabajará en los próximos días.
El Ejecutivo Municipal atraviesa un momento particularmente incómodo de la gestión: a las desinencias del ‘caso Agostina’ se suman las que impone el calendario -léase, presión que el pago de aguinaldos suma a las cuentas del municipio y las correlativas tensiones que con el Suoem y la UTA-, la situación del secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, recientemente imputado por irregularidades en la administración de la a Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción -ámbito ajeno a sus funciones en el Gobierno Municipal, vale aclarar- y, para completar, las desprolijidades que suma el propio Concejo.
La oposición, acostumbrada a quedar relegada a un rol muy secundario, aprovechará la bolada y trabajará un poco cada frente.
Para empezar, insistirá con el proyecto de Javier Fabre que propone crear una Comisión Investigadora de las habilitaciones otorgadas durante los últimos cinco años de la que participe la oposición. Las tablas de esa iniciativa fueron rechazadas la última sesión, pero la UCR confía en conseguir su avance en comisión con respaldo de parte del oficialismo.
La idea es trabajar sobre las diferencias políticas que existen entre la actual gestión municipal y su predecesora, y convencer al bloque oficialista (o parte de él) de que revisar el oscuro mundo de las habilitaciones no debe implicar, necesariamente, un problema para ambas.
Reavivar el debate en torno a las modificaciones al Estatuto Municipal es otro de sus objetivos. Tras el ‘caso Agostina’ el Ejecutivo salió a proponer cambios en la ordenanza que, entre muchas otras cosas, establece la cadencia y formalidades con que los empleados debe presentar certificados que acrediten su buena conducta ante el municipio. Esa conversación empezó, pero no tuvo continuidad. La expectativa de la oposición es que el tema no se diluya.
Pero a esta agenda, que en rigor de verdad ya tiene un tiempo de maceración, la oposición podría agregar otros dos tópicos.
Hasta ayer los bloques opositores no habían decidido qué harían en torno a la situación de Diego Peralta, que fue imputado por la Justicia por presuntos desmanejos en la Caja Previsional de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Agrónomos. Las sospechas sobre secretario de Desarrollo Urbano, debemos aclarar, no alcanzan a su rol de funcionario público. Pero, en cualquier caso, no dejan de representar un problema para el Ejecutivo. Y la oposición no descarta presionar desde el Concejo para que el intendente disponga una licencia por tiempo indeterminado hasta que los hechos que se le atribuyen sean esclarecidos.
Por si fuera poco, hay algo más.
En los entretelones del Concejo se comenta que situaciones personales han empezado a mezclarse con asuntos profesionales. En principio, dos relatores de comisión habrían sido desplazados -un hombre y una mujer- sin que se defina con claridad cuáles habrían sido los motivos de su apartamiento. Y la segunda habría realizado una serie de publicaciones en redes sociales que podrían dar sustento a una denuncia por asuntos de género.
Hasta el momento no está claro a quién aluden esas publicaciones, pero la UCR sospecha de una figura importante del oficialismo y ha presentado un proyecto para crear un “Protocolo de Actuación para casos de Violencia en el Ámbito Laboral con Perspectiva de Género”, con alcance para la administración municipal central, descentralizada y para el propio Concejo, además de un pedido de informes para conocer cabalmente los motivos que determinaron la salida de los relatores.
