Felipe Osman
Las sesiones del Concejo Deliberante, hay que decirlo, no desatan pasiones. En general son bastante llanas y se ocupan, más que nada, en otorgar beneplácitos y homenajes. Pero puede que la de este jueves ofrezca algo más.
Oficialismo y oposición partieron lanzas durante toda la semana por temas varios que, en algún caso, hasta ocuparon a la prensa nacional.
Uno de ellos, es más comentado, fue el de la redada a un conductor de Uber. En una secuencia digna de “Policías en Acción”, hasta cinco inspectores emboscaron al piloto tirándose arriba del auto. Por lo llamativa, la escena se difundió rápidamente en redes sociales y terminó siendo reposteada no solo por varios concejales de la oposición, sino también por referentes provinciales y nacionales, como Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni, que cuestionaron duramente el procedimiento.
Fue después la casuística la que ofreció un contraargumento al oficialismo, que al principio lució desorientado. Un jubilado denunció entre lágrimas el robo de su jubilación a manos de un conductor de Uber y el episodio fue invocado para convalidar el estilo militar de los operativos. Aunque un poco chamuscado, el oficialismo entiende haber salido del paso.
En cualquier caso, no deja de ser un affaire menor si se lo compara con la noticia que se conoció esta semana: el Ejecutivo resolvió prorrogar los contratos de higiene urbana con las actuales prestadoras hasta mediados del 2028 y, con eso, arrió las banderas de buscar una solución metropolitana para la disposición final de residuos y la introducción de un “Pliego Ambiental” que integrara el servicio de recolección con la lógica de la economía circular.
La Higiene Urbana se lleva una quinta parte del presupuesto municipal. Es un asunto de primera dimensión. Y llama la atención la pasividad con que la oposición recibió la noticia. En rigor, apenas ayer los concejales de las bancadas minoritarias empezaron a hablar de un tema en el que, si quisieran, tendrían mucha tela para cortar.
Fue la propia gestión la que sembró grandes expectativas en relación a una nueva licitación para eficientizar la prestación del servicio. Y ahora la prórroga del contrato deja una gran interrogante. ¿Quién pagará la indemnización de los miles de empleados que prestan servicios en LAM, Urbacor y LUSA?
El Convenio Colectivo del SURRBAC dice que es responsabilidad de las empresas, mientras que el pliego parece eximirlas y absorber esa carga para el municipio. Los antecedentes no son buenos para la ciudad. Al cabo del último contrato pagó el Palacio 6 de Julio, entonces administrado por el mestrismo. ¿A quién le tocará en la gestión que viene?
La respuesta oficial, en tanto, fue que las condiciones económicas no están dadas para convocar, con éxito, una nueva licitación. Similar a la que el secretario de Administración, Sergio Lorenzatti, invocó en su visita a la Comisión de Economía el pasado martes.
La llegada del alto funcionario municipal se dio en el marco de una convocatoria de los bloques opositores para explicar algunos detalles de la deuda tomada por la ciudad para refinanciar la previamente contraída por la última gestión radical.
Las explicaciones de Lorenzatti satisficieron parcialmente a los opositores que, si bien aceptaron que la deuda fue tomada para refinanciar deuda precedente, también recordaron que, finalmente, dos ciclos peronistas pasarán sin que la Municipalidad haya conseguido desembarazarse de esos créditos y, más aún, sin lograr poner fin a una emergencia económica con la que el PJ gobierna desde el mismo momento en que aterrizó en el Palacio 6 de Julio.
Que la oposición y el oficialismo amenicen la velada de hoy, en el recinto, con estos cruces, está por verse. Lo que es seguro es que, si no lo hacen, no será por falta de material.
