Felipe Osman
A pesar de que Córdoba viene de atravesar semanas de álgidas confrontaciones entre dirigentes del oficialismo y la oposición, al cierre de esta edición los ediles consultados por Alfil a uno y otro lado de la grieta cordobesa se dividían entre el silencio y el pronóstico de una sesión tranquila.
La sucesión de denuncias de toda índole que tocaron, primero, a dirigentes del oficialismo, y luego, a asesores y funcionarios en distintas posiciones del espectro, no amainó. Al contrario, cada día un nombre nuevo entra a la tómbola. Pero esa exposición no parece potenciar los cruces.
La batalla de prontuarios que arrancó con el “Hachazo” Villarreal -aunque podría remontarse mucho más atrás- sigue a la orden del día. Después del “Hachazo” la oposición puso el ojo en el resto de los asesores del “Cañito” Flores y encontró tierra fértil, hallando otros tres asesores flojos de papeles. Pero fue cuestión de tiempo hasta que el peronismo encontrara un punto débil donde contraatacar.
La semana pasada Hacemos Unidos lanzó a sus lenguaraces a recuperar la iniciativa apuntándole a la oposición por el ‘caso Ludueña’, el empleado (de planta) de la Legislatura que prestaba servicios en la oficina de Alejandra Ferrero y que, territorialmente, provenía de la seccional cuarta, donde trabajaba junto a Elisa Caffaratti.
A pesar de las indisimulables distancias entre el caso de los asesores del Flores y el de Ludueña, el peronismo encontró en este último la manera de tocar dos piezas centrales en el tablero de Rodrigo de Loredo: la presidenta del Interbloque en la Legislatura y la presidenta de la primera minoría en el Concejo. Y se movió con fuerza.
Los peronistas perciben un quiebre de los códigos corporativos en las formas de la oposición, influidas -entienden- por las nuevas maneras impuestas por el Gobierno Nacional, e intentaron una contraofensiva para “corregir”.
En cualquier caso, más que la ofensiva oficialista lo que parece estar funcionando para restablecer esos códigos es la constante sucesión de nuevas denuncias contra dirigentes tanto del peronismo como de la oposición.
En las últimas horas se sumaron otras dos: el caso de Pablo Ortiz, vicepresidente de Cormecor y concejal de Alta Gracia (en uso de licencia) imputado por abuso sexual, y otro empleado de planta de la Legislatura asignado, según el peronismo, al despacho del hermano de Luis Juez, Daniel.
Cabe remarcar: la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados son muy distintas. Pero todo parece servir para empañar.
Así, cada denuncia funciona menos como exigencia de responsabilidad del adversario que como respuesta defensiva. Casi como si la única respuesta disponible fuera: “ellos también lo hacen”. Con el resultado agregado de que lo que debería generar un costo social extraordinario termina incorporándose al paisaje habitual de la política. Endureciendo la piel del electorado. Insensibilizándolo.
La sesión de mañana ofrecerá una oportunidad para ver si esto realmente sucede. Si todo el alboroto puede terminar reducido a una suerte de interminable falacia ad hominem que se renueva con cada acusación.
Si, como dice el tango, ya va siendo hora de aceptar que «Vivimos revolcaos en un merengue / y en el mismo lodo todos manoseaos».
