Felipe Osman
Lejos de aplacarlo, la feria judicial parece haber potenciado el conflicto que, desde principios de año, mantienen el sindicato de empleados judiciales y el TSJ. La aplicación de los primeros descuentos, el incumplimiento del acuerdo salarial de 2025 y el endurecimiento de las posiciones gremiales alejan aún más cualquier posibilidad de entendimiento. Mientras tanto, magistrados, funcionarios y entidades profesionales comienzan a involucrarse en una disputa que ya desborda a sus protagonistas originales.
A aquella oferta del TSJ, justo antes de la feria, sobrevino un categórico rechazo del gremio, una pausa impuesta por el receso y, luego, silencio. El gremio reactivó las medidas de fuerza para captar la atención de quienes ejercen las funciones de superintendencia, y la respuesta llegó este jueves, cuando los judiciales se enteraron de que el TSJ no solo había decidido incumplir el acuerdo rubricado a mediados del año pasado, cuando se fijó un esquema de reajustes progresivos para avanzar hacia la equiparación con sus aventajados pares de la Justicia Federal, sino que además había aplicado cuantiosos descuentos por días de paro.
Es que, a decir verdad, los judiciales los suman de a decenas. En el interior, en lo que va del año, AGEPJ ha decretado 27 días de huelga, y en Capital, 25. Los descuentos aplicados oscilan entre 180.000 y 600.000 pesos, dependiendo del empleado en cuestión. Y, de no avanzarse en una solución, estos descuentos representarán apenas la primera de cuatro cuotas.
Ante esta decisión del TSJ, el sindicato conducido por Federico Cortelletti publicó un comunicado en el que no solo rechazó el incumplimiento de lo acordado en 2025, que preveía para julio aumentos de entre el 4,64 y el 1,96 por ciento según la categoría, sino que además denunció un “intento de disciplinamiento económico” por parte de la patronal. Aseguró también que esto no debilitaría el reclamo porque los judiciales “estamos más unidos que nunca”.
Esto último debería revisarse. Si bien es cierto que entre las bases del sindicato persiste un fuerte descontento por la enorme pérdida de salario real que han sufrido en los últimos años, no menos cierto es que dentro del gremio conviven distintas posturas respecto de cómo debe plantearse la negociación.
La Comisión Directiva, que enmarca el conflicto esencialmente en los aportes agravados de la “Ley de Equidad Jubilatoria” y en los aportes especiales al APROSS, tiene como norte conseguir para sus representados un adelanto -en blanco- de los tramos pendientes de la equiparación, un adelanto del 5 por ciento en el concepto “permanencia en el cargo” y evitar el descuento de los días de paro. Además, mantiene como consigna la necesidad de que se derogue la última reforma previsional.
Mientras, buena parte de la oposición, integrada por quienes no querían zanjar el extenso conflicto de 2025 con el acuerdo de equiparación que finalmente se aceptó por mayoría, pretende subir el listón e ir a la mesa de negociación que eventualmente pueda retomarse con un reclamo mayor.
Al cierre de esta edición las dos agrupaciones opositoras, La Judicial y Alternativa 16N, negociaban para presentar una moción conjunta ante la Asamblea Extraordinaria con ese propósito: elevar el piso de las pretensiones del gremio.
En suma, si antes de la feria las posiciones ya eran distantes, ahora parecen alejarse todavía más. El TSJ pasó de ofrecer menos de lo que reclamaba el sindicato a incumplir el acuerdo de 2025 y aplicar los primeros descuentos. El gremio, que antes del receso había rechazado aquella propuesta y anunciado nuevos paros, se prepara ahora para endurecer sus exigencias.
Trascartón, ese conflicto se ha ido complejizando con el correr de los meses. Magistrados y funcionarios empiezan a participar cada vez más activamente del reclamo, a pesar de que sus manifestaciones de disconformidad deban transitar en paralelo a las de los empleados.
Algunas delegaciones del Colegio de Abogados empiezan a difundir comunicados en los que advierten sobre las demoras que experimenta el funcionamiento de la Justicia merced al conflicto. Y la Caja de Previsión y Seguridad Social de los Abogados se ha manifestado en el mismo sentido, alertado que la situación “incide en la función previsional de la Institución al reducir los recursos vinculados a la actividad profesional de quienes contribuyen al sostenimiento del sistema”.
La disputa salarial que dio inicio al conflicto ya proyecta sus efectos sobre el funcionamiento de los tribunales, el ejercicio profesional y hasta el sistema previsional de los abogados. Los descuentos endurecieron la respuesta gremial y la interna sindical amenaza con elevar todavía más las exigencias. El conflicto no solo está lejos de resolverse, sino que cada vez parece más difícil de encauzar.
