Felipe Osman
Después de más de cinco meses de conflicto, el Tribunal Superior de Justicia está a punto de doblegar la resistencia de los judiciales. Las asambleas realizadas en Córdoba capital y el interior ya revelan una tendencia irreversible, y el martes, en Asamblea General Extraordinaria, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial aceptará la segunda propuesta salarial.
El desenlace difícilmente pueda explicarse por los méritos de la oferta. A fines de junio, las bases habían rechazado el primer ofrecimiento y votado profundizar las medidas de fuerza con un reclamo de aumento del 25 por ciento. El interior y los sectores independientes traccionaron una posición dura, alimentada por el deterioro salarial y el impacto de la Ley 11.087 sobre los aportes personales.
La reformulación presentada en agosto por el TSJ y el Centro Cívico mejora, en los papeles, aquel esquema, pero no lo transforma. Adelanta para 2026 los tramos pendientes de la equiparación acordada en 2025; incorpora el pago anticipado del 50 por ciento de la permanencia en categoría; extiende ese beneficio a más de 550 agentes; suma un adicional no remunerativo del 1,9 por ciento (a cuenta de futuros aumentos); y reduce del 8 al 6 por ciento los aportes extraordinarios previstos por la Ley 11.087.
La principal novedad es el adelanto del 50 por ciento de la permanencia en categoría, que reemplazó el bono de 140 mil pesos ofrecido en junio. El resto son adelantos o modificaciones de alcance limitado. Los sectores críticos advierten que el 1,9 por ciento resulta insignificante para los auxiliares, que su carácter no remunerativo impide que impacte sobre antigüedad, título e inhabilitación y que los descuentos ya practicados no serán devueltos.
Si además se considera que la aceptación de la primera oferta no implicaba convalidar descuento alguno, la distancia entre ambos ofrecimientos se vuelve todavía más estrecha.
Pero nada de eso impidió que el tablero se diera vuelta. El factor dirimente apareció en los recibos de sueldo: el TSJ efectivizó la primera de cuatro cuotas de descuentos por días de paro y dejó las tres restantes suspendidas, cual espada de Damocles, sobre la cabeza de los judiciales. La oferta fue inequívoca: si existe una “aceptación lisa y llana”, no se ejecutarán los descuentos pendientes.
La magnitud de esos descuentos permite entender el cambio de clima. Según cálculos difundidos internamente, a un escribiente se le descontaron alrededor de 300 mil pesos, mientras que la mejora mensual rondaría los 100 mil. Necesitaría tres meses para recuperar sólo lo perdido con la primera cuota. Así, rechazar implica exponerse a tres nuevas detracciones antes de comenzar a recomponer el salario.
Las asambleas deciden bajo la presión de una pérdida ya consumada y otra tres veces mayor todavía pendiente. El TSJ no necesitó acercarse al 25 por ciento reclamado en junio: le alcanzó con elevar el costo de sostener el reclamo.
La conducción de AGEPJ sostiene que aceptar permitirá consolidar avances, preservar la unidad y continuar la pelea. Los sectores críticos responden que la propuesta sigue siendo insuficiente y regresiva al consagrar sumas no remunerativas. Ambas caracterizaciones pueden convivir. Lo indiscutible es que la voluntad asamblearia cambió después de que los descuentos dejaron de ser una amenaza para volverse una realidad palpable en el bolsillo.
Con un tanteador que hasta la noche del viernes mostraba más del 80 por ciento de los votos a favor de la aceptación en las asambleas realizadas en el interior, Tribunales I, Policía Judicial y los juzgados de Familia y Trabajo, la única pendiente -la de Tribunales II- no tiene chances matemáticas de revertir el resultado.
El martes, entonces, el gremio aceptará una oferta muy parecida a la que semanas atrás rechazó categóricamente. No porque el TSJ haya satisfecho las expectativas, sino porque aplicó la receta con la que el Ejecutivo suele administrar los conflictos salariales: resistir, descontar y ofrecer el cese del daño como parte de la solución.
