Felipe Osman
Las reiteradas denuncias por abuso sexual que alcanzan a asesores y empleados legislativos a uno y otro lado de la “grieta” cordobesa han quedado, merced a ella, reducidas a apenas un insumo para el juego de la política.
José “Hachazo” Villarreal fue imputado por abuso sexual reiterado y corrupción de menores. Omar “Manotas” Ludueña, detenido ante una denuncia por abuso sexual intrafamiliar. Cuesta hallar delitos más repugnantes para la sociedad y ultrajantes para sus víctimas. Sin embargo, nadie está hablando de las víctimas, ni de las soluciones que la política ofrecerá para que casos como estos sean cada vez menos habituales. La política ha reclamado para sí la centralidad y libra un debate estéril en el que sólo se habla de la filiación partidaria de los presuntos victimarios.
“Se tiran con violadores (sic)”, resumió un testigo de primera fila de las acusaciones que vuelan de uno al otro lado de la Legislatura. A todo lo demás, buena suerte.
Sin embargo, no sería leal decir que la política no está prestando ningún servicio, en absoluto, a su electorado. Sí está ofreciendo uno: el de chivo expiatorio.
Un informe reciente de la CePASI, asociación civil sin fines de lucro que previene y aborda el abuso sexual en la infancia y adolescencia, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud, estima que una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufre abuso sexual antes de los 18 años. Una proyección para Argentina calcula casi dos millones de potenciales víctimas. De cada 1.000 casos estimados, unos 100 serían denunciados y solo uno terminaría en condena. Y entre el 70 y el 80 por ciento de los abusos serían intrafamiliares y ocurrirían dentro de los hogares.
Entonces, ¿agotan “Hachazo” y “Manotas” el problema? ¿Qué diferencia habría si los controles de la Legislatura funcionaran y ninguno de ellos prestara servicios para el Estado? ¿El problema de fondo estaría resuelto?
Por supuesto que no. Los números dan cuenta de que, por desolador que sea, vivimos en contacto directo con una problemática que preferimos ignorar. Y la clase política, que no representa más que un fiel reflejo de la sociedad de la que emana, y que debería ofrecer una respuesta que no ofrece, termina prestando un servicio secundario: los hombros para el flagelo.
El debate podría estar ocupado por ideas mucho más edificantes. Por ejemplo, dotar de mejores recursos a la Justicia y al Ministerio Público o articular programas de prevención contra el abuso sexual en el sistema educativo. Pero nada de eso se ha escuchado en las últimas semanas. En la ciudad de Córdoba, por caso, hay apenas dos fiscalías de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual. ¿Es razonable pensar que dos fiscalías soportarán semejante “demanda”? ¿O será cuestión de esperar a que un fiscal sea el próximo chivo expiatorio?
Si la intención fuera resolver el problema de fondo, la respuesta negativa debería imponerse. Pero no parece que así sea.
En una democracia de audiencias, hasta el dolor ajeno corre el riesgo de convertirse en una escena. Los dirigentes producen condenas, reclaman renuncias y asignan culpas. Diseñan respuestas según su efecto comunicacional, mientras la discusión menos espectacular -protocolos, presupuesto, prevención y asistencia a las víctimas- queda relegada. Pero no es una culpa que se agote en la política. La política ofrece lo que supone que el electorado quiere comprar.
Así, los responsables de gestionar y resolver se han convertido, de algún modo, en parte del entretenimiento general.
En cualquier caso, vale agregar una última apreciación que ayude a comprender la ferocidad de la respuesta del PJ tras el caso “Manotas” que, dicho sea de paso, los radicales juran que se trata de un apodo con el que los propios peronistas bautizaron al puntero de la seccional 4ta una vez conocida la denuncia.
Hay un sector del peronismo que cree que la oposición está “excedida” en la lógica mileísta. Que ha existido una ruptura del código corporativo que implica guardar ciertas formas en los cruces. Que capturar audiencias ya sobreexcitadas por el cambio en las maneras de la comunicación política exige un ‘approach’ agresivo. Y que la ruptura de aquel código debe ser castigada para que el diálogo vuelva a reencauzarse.
“Nos están midiendo. Si no reaccionamos, los boludos somos nosotros”, resumen.
