Felipe Osman
Según los datos que publicó ayer Alfredo Flury en Comercio y Justicia, la Municipalidad notificó el pasado viernes a las prestadoras del servicio de higiene urbana que haría uso de la prórroga que estipula el contrato en su artículo 10, manteniendo el esquema que el peronismo recibió del mestrismo hasta mayo de 2028.
La fecha no es un detalle: para entonces, la gestión que resulte electa en 2027 llevará apenas cinco meses en el Palacio 6 de Julio y deberá enfrentar casi desde el arranque una definición central que la actual administración decidió postergar.
Además, con esta decisión Daniel Passerini da por caído uno de los grandes proyectos de su gestión: licitar un nuevo esquema que reformulara y mejorara la eficiencia del servicio.
En los albores de este segundo ciclo al frente del Palacio 6 de Julio el peronismo tenía, o decía tener, grandes planes para la recolección y disposición final de los residuos. Cuando hablaba del tema no se limitaba a decir que buscaría mejorar el servicio a partir de un nuevo proceso licitatorio, sino que también hablaba del diseño de un “Pliego Ambiental” y de la “Metropolización” de la prestación.
En aquella visión inicial, el Pliego Ambiental debía superar el esquema centrado en la mera recolección y enterramiento para incorporar separación en origen, trazabilidad y aprovechamiento productivo de los residuos bajo los principios de la economía circular. La metropolización, por su parte, proyectaba coordinar mediante el Ente Metropolitano la logística y disposición final de los residuos de Córdoba y las localidades del conglomerado urbano.
Sin embargo, la realidad parece haber estrechado de sobremanera los márgenes en que Hacemos Unidos proyectaba su imaginación y su optimismo.
Lejos de aquella reformulación integral del servicio de higiene urbana, los cordobeses deberán conformarse con una prórroga del contrato licitado por Mestre. Y los sucesores, sean propios o extraños, también.
No es un asunto menor. Un conocedor de las innumerables complejidades del servicio adelanta su pronóstico: “Es un servicio público. Cuando se termine el contrato y vuelva a la Municipalidad, el nuevo intendente se va encontrar, a meses de asumir, con una (fórmula) polinómica detonada, las empresas en fuga y el lío de las indemnizaciones”.
La apreciación se asienta en que, si cual afirma el oficialismo, las condiciones económicas no están dadas para licitar el servicio y conseguir un buen número de compañías interesadas en competir por él ahora, tampoco hay por qué pensar que tales condiciones vayan a mejorar en el corto plazo.
Pero también en el dilema que plantea el artículo 104 del Convenio Colectivo de Empresa que el Surrbac firmó con cada una de las prestadoras. En él se establece que cada compañía “deberá abonar a sus dependientes, al final de la contratación comercial con los municipios u otras dependencias públicas (…) la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, o la que en el futuro la reemplace”.
Amén de que la cláusula carece de sentido porque las futuras prestadoras serán obligadas por el gremio y por los pliegos a contratar al mismo personal, tampoco termina de quedar claro quién deberá pagar estas indemnizaciones si se atiende a las disposiciones del pliego (ordenanza 12.649), que en el inciso 4 del artículo 24 señala: “…El oferente deberá tener presente que no deberá contemplar en su costo la previsión de indemnización por despido concluido el contrato, toda vez que será absorbido por la Municipalidad de Córdoba, de corresponder”.
¿Quién paga entonces? La aclaración final, “de corresponder”, generó dudas que no fueron despejadas por la circular aclaratoria de la segunda consulta. Y los antecedentes no juegan a favor de quien tenga la suerte, buena o mala, de gobernar la ciudad entre 2027 y 2031.
