Jubilados y estatales vuelven a presionar por los aportes y la Caja de Jubilaciones

La demora en reducir los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones y los reclamos históricos de los pasivos reabren un frente de conflicto que incomoda al Panal y se exacerba tras el anuncio de los beneficios impositivos para 2027.
Provincial19 de noviembre de 2026Gabriela YalangozianGabriela Yalangozian

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El debate previsional vuelve a instalarse en el centro de la agenda política cordobesa siendo uno de los principales focos de tensión para el Gobierno de Martín Llaryora, con una conflictividad que se sostuvo durante todo el año desde que se puso en marcha la Ley de Equidad Jubilatoria.

Esta vez, los cuestionamientos llegan desde dos sectores que, aunque tienen reclamos y estrategias diferentes, coinciden en un diagnóstico: el peso del ajuste sigue recayendo sobre trabajadores estatales, jubilados y pensionados, mientras las respuestas oficiales se demoran.

Por un lado, los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones reclaman que la Provincia cumpla con el compromiso de reducir del 8% al 6% los aportes extraordinarios establecidos por la Ley 11.087. Por otro lado, organizaciones de jubilados y pensionados que impulsaron la iniciativa popular por el 82% comenzaron a trasladar sus demandas a quienes se perfilan como candidatos a la gobernación, con una agenda que excede largamente la discusión sobre los descuentos en los haberes.

Ambos planteos aparecen en un momento en el que el Ejecutivo presenta los lineamientos del Presupuesto 2027 y anuncia una reducción de la presión impositiva para distintos sectores. Pero en el escenario político, el alivio fiscal reflota en los gremios y jubilados la exigencia de devolver a los bolsillos de activos y pasivos poder adquisitivo.

 

Un compromiso en suspenso

Las organizaciones sindicales aportantes a la Caja, encabezados por el SUOEM, expresaron en las últimas horas su rechazo a la demora en implementar la reducción de los aportes extraordinarios. Según recordaron, el propio Gobierno había anunciado en septiembre que la rebaja comenzaría a aplicarse, pero, transcurridos los meses, todavía no se hizo efectiva ni existe una fecha cierta para su instrumentación.

En un comunicado contundente, el gremio de municipales invocó los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que dispuso reducir la alícuota extraordinaria y planteó la necesidad de avanzar progresivamente en su disminución.

El reclamo tiene una dimensión económica, pero también política. El sindicato considera que no se trata de negociar una nueva concesión, sino de exigir el cumplimiento de un compromiso público y de decisiones judiciales. Por eso resolvieron profundizar durante noviembre la articulación sindical y avanzar con medidas conjuntas en distintas dependencias del Poder Ejecutivo Municipal.

El conflicto vuelve a poner bajo la lupa la Ley 11.087, cuestionada por los sindicatos desde su implementación. La reducción del aporte aparece como un primer paso, aunque las organizaciones sostienen que su objetivo de fondo continúa siendo la derogación de la normativa.

 

Jubilados, fuera del radar de los candidatos

El segundo frente de reclamo tiene una particularidad: comienza a proyectarse sobre el escenario electoral de 2027. Un sector de jubilados, pensionados y retirados, que impulsaron la iniciativa popular y que cuestionan la Ley de Equidad Jubilatoria, advirtieron que sus necesidades no aparecen en las propuestas de los precandidatos que ya comenzaron a delinear sus plataformas electorales para acceder a la Gobernación en 2027.

A través de legisladores, los pasivos solicitaron entrevistas con los candidatos a futuros gobernadores, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas concretas. El planteo es que la discusión previsional no puede quedar reducida al financiamiento de la Caja ni a la sustentabilidad del sistema. También debe contemplar las condiciones de vida de quienes aportaron durante décadas y hoy consideran que están perdiendo derechos.

La agenda que pretenden instalar es extensa. Incluye una revisión del funcionamiento de APROSS, cuestionamientos a los aranceles diferenciados y a las prestaciones en el interior provincial, además de la eliminación de descuentos adicionales como el FEC y el FOSAET.

También proponen revisar el funcionamiento institucional de la Caja de Jubilaciones, levantar su intervención y recuperar un directorio con representación de activos y pasivos, de acuerdo con el esquema previsto en la legislación de creación del organismo. A eso suman la necesidad de restablecer la atención personalizada, especialmente para los jubilados que no pueden resolver sus trámites mediante herramientas digitales.

Pero el núcleo más sensible del planteo está en los haberes. Reclaman eliminar el complemento solidario previsional, elevar la jubilación mínima a un monto razonable, terminar con el diferimiento de los aumentos y recuperar el 82% móvil previsto en la Ley 8024. También cuestionan la utilización de componentes no remunerativos en los salarios de los trabajadores activos, por su impacto sobre la determinación de los futuros beneficios previsionales.

Se trata en definitiva de las demandas que estaba incluídas en la propuesta de iniciativa popular pero no fueron contempladas, y que implican una discusión de fondo sobre el modelo previsional cordobés y que, de concretarse, exigirán decisiones políticas, legislativas y presupuestarias que hasta el momento no lograron que fueran discutidas en el recinto de la Unicameral.

 

El costo político de postergar las respuestas

La tensión tiene un componente adicional. Mientras el Gobierno anticipa para 2027 una reducción del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y una baja de Ingresos Brutos, los sectores previsionales advierten que el alivio fiscal no tiene un correlato equivalente en sus ingresos.

La contradicción que buscan instalar desde el SUOEM es política: si existe margen para reducir impuestos y otorgar beneficios, ¿por qué no se puede avanzar con medidas que alivien la situación de trabajadores y jubilados?

Para Llaryora, luego de un conflictivo año con marchas y caravanas de protesta del frente gremial cordobés, el desafío es que los cambios en el sistema previsional no se transformen en un pasivo político que y termine filtrándose en la agenda de la próxima campaña electoral.

 

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