La rebaja de las dietas, la batalla que viene

Por Alejandro Moreno 

Uno de los anuncios del gobernador Martín Llaryora, en el discurso de asunción que leyó el domingo pasado en la Legislatura, fue la reducción de los sueldos del gobernador, el vice y los funcionarios políticos. Invitó, además, a jueces y legisladores a hacer lo mismo, lo cual ya comenzó a causar ruido en la flamante Cámara. 

Javier Milei dijo en una de las últimas entrevistas antes de asumir la Presidencia que “no hay plata”, y muchos gobernadores tomaron nota y anunciaron, por lo menos, recortes en el gasto provincial. El ajuste al que obliga el desenlace del populismo kirchneristas afectará los números provinciales, y los gobernadores que exijan el auxilio de la Casa Rosada tendrán que mostrar que han hecho los deberes en sus jurisdicciones. 

Llaryora, en ese sentido, adelantó: “Vamos a imponer reducciones en los haberes del gobernador y vice y los funcionarios políticos; vamos a reducir en un veinticinco por ciento el haber del gobernador y vice; quince por ciento, los ministros; y diez por ciento a los funcionarios políticos”. “Y quiero pedir –agregó- que, dentro de sus posibilidades, se sumen a este esfuerzo los demás poderes del Estado provincial”. 

Se viene, entonces, una reducción de las dietas de los legisladores, y para eso solo hace falta que un peronista lleve el proyecto a mesa de entradas, lo cual ocurriría en las próximas horas. 

En 1999, al hacerse cargo de la Gobernación por primera vez, José Manuel de la Sota redujo su sueldo y el de sus funcionarios el 30 por ciento, y los diputados y senadores provinciales (el Poder Legislativo era bicameral, entonces) debieron sumarse a esa iniciativa. 

En términos reales, una rebaja de las dietas tiene un impacto intrascendente en el Presupuesto, incluso en el de la Legislatura, pero se buscaría con ello enviar una señal a la sociedad en estos tiempos difíciles que atraviesa todo el país. Aunque debe anotarse también que la Legislatura de Córdoba es una de las más baratas de todas, porcentualmente, y cada reducción de sus cuentas afecta más el funcionamiento. 

Los legisladores del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, se presume, acompañarán el proyecto sin sacar los pies del plato; si surge una excepción, sería toda una sorpresa. 

En tanto, en Juntos por el Cambio ya rechinan los dientes, incómodos. Los legisladores de la oposición no cuentan con los recursos de que pueden disponer los oficialistas, por lo que consideran que quedan en desventaja en caso de una reducción de las dietas. 

Oponerse, sin más, les resultará muy difícil porque podrían quedar en el ojo de la crítica de la sociedad, pero como observan un fin demagógico en la propuesta del peronismo, ya adelantan que presentarán batalla en el recinto. Los del interior, especialmente, subrayan lo que gastan en nafta para viajar desde sus pueblos, y en el alquiler de una vivienda en la ciudad de Córdoba. 

Apuntan, además, que los legisladores solo tienen tres contratos disponibles para asesores, un número que consideran insuficiente para cubrir las necesidades frente a la multiplicidad de asuntos a estudiar. Incluso, aseguran que el monto de las remuneraciones para los contratados es bajo, por lo que ni siquiera puede pensarse en traer especialistas del interior, y deben conformarse con part time capitalinos. 

Uno de los principales señalamientos que ya evalúan pronunciar es que si se trata de reducir el gasto público, aparece como contradictorio quitarles fondos a los legisladores mientras en el Poder Ejecutivo la cuenta Gastos Reservados fue inflada el 500 por ciento para el próximo año. 

Desmenuzarán, además, otros varios casilleros del gasto que encuentran demasiado elevados, y como es una de sus principales banderas, restregarán en los ojos de los peronistas los nombramientos de última hora en el Tribunal de Cuentas, justo antes de que Juntos por el Cambio (el juecismo, puntualmente) obtenga la mayoría de los vocales (asumieron Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva por JpC; y Silvina Rivero por HupC).