UNC: máxima alerta por el recorte presupuestario y las privatizaciones

Por Francisco López Giorcelli

El pasado miércoles el Ejecutivo nacional presentó en la Cámara baja el proyecto de ley que impulsa una fuerte reforma estatal. La llamada “Ley Ómnibus” pretende un desguace total del Estado Nacional poniendo en venta las empresas estatales, entre ellas se encuentran los SRT (Servicios de Radio y Televisión) donde funcionan Canal 10 y Radio Universidad, además está venta de las empresas publicas incluyen Dioxitek, que fabrica insumos utilizados en la Medicina y en la generación de Energía Eléctrica y FAdeA la primera fábrica de aviones del continente, ambas se encuentran en Córdoba.

A esto hay que sumarle la extensión del presupuesto universitario 2023 para el próximo año lo que puso más en alerta aun a los distintos actores universitarios ya que solo alcanzaría para cubrir las obligaciones hasta mayo/abril de 2024 lo que va a generar un gran conflicto y demandará a la política acciones rápidas y efectivas, sobretodo a quienes tienen la responsabilidad de representación. 

Aquí se abren por lo menos tres frentes, por un lado la responsabilidad de la gestión universitaria hará los reclamos correspondientes, Boretto no suele pronunciarse políticamente de forma directa sino que suele hacerlo a través del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) donde encabeza la Comisión de Posgrado y viene siendo su canal preferido para posicionarse nacionalmente, una estrategia que será difícil de sostener mucho tiempo más si la situación nacional se sigue complicando, algo que no se descarta y que es muy probable. 

Por otro lado está el frente estudiantil, donde van a tener gran responsabilidad quienes tienen lugares de representación pero es algo que atravesará a todas las organizaciones estudiantiles por igual, que ya dieron señales de unidad ante el avance del discurso presidencial durante la campaña electoral en materia de privatizaciones y desfinanciamiento educativo, en la ciencia e investigación. 

El gremio docente, ADIUC, cumple un rol importante en este sentido ya que se encargó de coordinar e impulsar estas acciones entre referentes estudiantiles, docentes, no docentes y egresados. La visión que prevalece en este tercer frente es que el congelamiento salarial y la prórroga del presupuesto 2023 será un eje de conflicto muy grande ya que las universidades se verán en dificultades para poder mantener su normal funcionamiento.

Pero retomando la responsabilidad institucional el CIN fue muy claro, si no hay aumento presupuestario no podrán abrir las Universidades por lo que envió a la Secretaría de Educación un presupuesto de 2,5 billones de pesos, que representa cerca de un 300 por ciento de aumento en relación con la partida inicial que recibieron las casas de estudios para 2023. De no aprobarse, rectores y gremios docentes advierten que se comprometería el funcionamiento de las universidades a partir de abril ya que afrontar 2024 con el ingreso nominal de enero 2023 se volvería inviable, en especial si se tiene en cuenta que este año terminará con una inflación cercana al 180 por ciento.

Esta situación también pondrá a prueba la capacidad de diálogo y gestión del rectorado universitario que cuenta con relaciones políticas e institucionales que no son solo nacionales sino que también cuenta con el apoyo Provincial y Municipal. Muchas veces se ha dicho que la UNC es tan importante para Córdoba como para el país, lo que puede llevara a que haya un apoyo en ciertas áreas pero no será suficiente, la crisis también azota a la Provincia y se necesitará de un presupuesto actualizado para mantener sueldos, becas, mantenimiento edilicio, etc. 

Volviendo al ámbito estudiantil aún no hubieron posicionamientos respecto a esta situación más que a través de la Federación Universitaria Argentina que baja línea, por lo menos a las federaciones de cada Universidad Nacional, de que el ajuste pone a la Universidad en riesgo. En un comunicado difundido en las últimas horas también resaltan lo costoso de mantenerse estudiando sobretodo quienes viajan a otras provincias para hacerlo y que la extensión presupuestaria implica el recorte de una quinta parte del presupuesto en becas PROGRESAR por ejemplo. 

En la misma línea que el CIN, piden expresamente una actualización de fondos para un normal funcionamiento en 2024 además piden un incremento por inflación de los montos destinados a becas universitarias, algo que ya empieza a recortarse en las unidades académicas. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC había anunciado que no podrá afrontar los pagos de las becas de Ayudantías Rentadas del Ingreso 2024 según lo difundido por el Centro de Estudiantes de esa casa de estudios que elevó el correspondiente reclamo y por ahora garantizan el monto destinado a estas becas pero que teniendo en cuenta la inflación no será suficiente para cubrir gastos de movilidad de quienes reciban dicha beca. 

Aún queda mucha tela por cortar, pero los tiempos corren y no hay mucho margen ya que hasta el 31 de enero el Congreso tiene tiempo para debatir la “Ley Ómnibus” que pretende desarmar y desfinanciar el Estado Nacional además romper con acuerdos democráticos que se construyeron hace 40 años. ¿Las disputas electorales que se encaran en 2024 estarán atravesadas por este gran conflicto? ¿Qué rol asumirá el movimiento estudiantil, ese que impulsó la reforma del ´18? ¿Habrá lugar para especular electoralmente ante la catástrofe que puede ser un desfinanciamiento de dicha magnitud?